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Por una ecología pública, práctica y barata

La paupérrima atención de los políticos españoles hacia el medio ambiente
Por una ecología pública, práctica y barata

Lo publicaron el pasado otoño. El Gobierno de España ya tenía un Ministerio de Transición Ecológica. Señalábamos en estas páginas que «los ecologistas piden al Gobierno que recorte en gasto ambiental». Parecía una auténtica paradoja. Pero personalidades y organizaciones defensoras del medio ambiente de nuestro país, presentaron en Bruselas y en Berlín un documento argumentativo de su propuesta. La iniciativa española señalaba que «funcionarios públicos; miembros de entidades conservacionistas subvencionadas; ganaderos y pastores, empresarios que tenemos o hemos tenido contratos con la Administración Pública, proponemos que se nos recorte». Y en la carta abierta al novato gabinete de Pedro Sánchez continuaban: «Planteamos reducir a la mitad el presupuesto que se destina a la conservación de la naturaleza». Además, en la insólita propuesta defendían un gran ahorro que haría posible el cumplimiento de las exigencias de la Comisión Europea: «contribuyendo con ello a facilitar el recorte de 10.000 millones de euros anuales que habría que realizar en 2019 y 2020» para la reducción del Déficit. ¿Por qué no se les hace caso, se toma en cuenta su experiencia?

La extraña proposición al Gobierno contenía un requerimiento: «que la gestión del medio natural deje de ser monopolio de la Administración Pública y que ésta facilite el acceso a la política de conservación al sector social interesado en proteger y producir fauna amenazada». Parece una contradicción hablar de administración pública y pedir la gestión pero es que no hay partido político en España que priorice en medio ambiente. Son marginales las organizaciones políticas verdes, las dedicadas a defender la Naturaleza. Mientras en Alemania, en Francia, en Escandinavia los partidos políticos de esta naturaleza van ganando terreno en los parlamentos y cogobiernan o conforman un poder que condiciona la gestión política de importantes ejecutivos, nacionales y regionales, en nuestro país las formaciones ecológicas han rechazado mayoritariamente intervenir como políticos activos específicos y solamente en el conglomerado de Unidas Podemos Equo tiene representantes parlamentarios.

Un balance, realizado por Greenpeace tras los debates habidos en televisión en los días previos a la últimas elecciones generales del pasado mes de abril, reflejaba la paupérrima atención de los políticos españoles hacia el medio ambiente. En las casi cuatro horas de discusión de los dirigentes de los principales partidos solamente se habló de medio ambiente aproximadamente medio minuto. Lo hizo el presidente en funciones Pedro Sánchez. Y en el informe de esta organización no gubernamental internacional se resalta la gran «irresponsabilidad» de los partidos ante la Transición Ecológica, que debería ser eje transversal». Los socialistas cumplen en el ranking de esta ONG en puntos como Coherencia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Energía en manos de las personas, Protección de la biodiversidad, y Gestión de recursos naturales; Unidas Podemos lo hacen en las dos primeras mientras en otras bajan puntos; ambos se esfuerzan en la Transición Ecológica, Fiscalidad verde y Apoyo a la agricultura sostenible. Los otros tres partidos ni las mencionaron en sus alegatos electorales.

Madrid Central, la medida contra la contaminación emprendida por el Ayuntamiento que presidía Manuela Carmena, consiguió reducir un 43% las partículas peligrosas contenidas en el aire que se respira en la capital en los primeros tres meses de implantación en el presente 2019. La Comisión Europea lleva tres años anunciando multas a España por no aplicar medidas para reducir esa peligrosa contaminación. Sin embargo, la nueva corporación municipal madrileña quiere retirar Madrid Central, aunque no tiene alternativa para mejorar el aire que respiran los madrileños. Si retira la medida ya se conoce la multa con que será sancionada España, multa que pagaremos todos los españoles, residan en Madrid o en el Parque Nacional de Ordesa. Europa multa al país no a la ciudad.

En las conversaciones que mantuvieron el Partido Socialista y Unidas Podemos meses atrás parece que establecieron cuatro grupos de trabajo: Seguridad Social, empleo y pensiones; recuperación de servicios públicos; financiación de los municipios y los ingresos estatales. Públicamente no figuraba la lucha contra la contaminación y el cambio climático. El Gobierno en funciones sigue teniendo un Ministerio de Transición Ecológica y parece que intenta mantenerlo en la nueva legislatura. Personalidades expertas y grupos ecologistas piden poder participar en la gestión medioambiental y reducir el déficit público. Pienso que es hora de hacerles caso. Sus impulsores aducen que «permitirá recolonizar el campo no rentable de España», esa «España vaciada» que languidece, con empleo de autónomos que estarían «sometidos a la supervisión y control del Estado» formando unas brigadas ajenas a ideologías. Viviríamos mejor.

Publicado en LA NUEVA ESPAÑA y varios periódicos de Prensa Ibérica el sábado 29 de junio de 2019

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2019/06/29/ecologia-publica-practica-barata/2495300.html

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Venezuela, posible solución lenta

Las distintas facciones del Ejército como dificultad para desplazar a Maduro
Venezuela, posible solución lentaLa solución para resolver el problema de Venezuela parece más complicada de lo que se vería a simple vista. No está en separar a Maduro del Ejército sino de los Ejércitos. Porque en este rico país las fuerzas armadas no son un único cuerpo, una unidad sino que al menos las forman cuatro grupos. Según publicaba días pasados en las páginas de «The New York Times» un reconocido experto, Javier Corrales, doctorado en Ciencia Política por Harvard y profesor de esta materia en el Amherst College, para lograr una salida al conflicto venezolano es necesario tener en cuenta esta situación militar.

En el país existe una clase militar tradicional dominante compuesta por soldados profesionales de carrera. También hay una facción de militares que trabajan con funcionarios de inteligencia y un grupo de soldados cubanos especializados en acabar con la disidencia, indica Corrales. Además está un generalato de burócratas afín a Maduro porque les ha proporcionado buenos empleos en empresas estatales y militares con intereses económicos que están amasando una fortuna con el comercio ilícito o el tráfico de drogas. Por último, señala el profesor, el mandatario venezolano tiene a su cargo directo agentes dedicados a la represión. Es decir, no son unas fuerzas armadas únicas sino facciones con intereses particulares y no dependientes, en la práctica, de un mando o una cúpula unitaria.

Dado este conglomerado diverso, puede que los temores a que los Estados Unidos intervengan desde el exterior para «defender» sus intereses -un tercio del petróleo de Venezuela está comprometido con los estadounidenses- no tengan factibilidad. Expertos europeos apuntan en este sentido el de la impulsiva verborrea de Donald Trump como la posibilidad de una intervención para salvaguardar ese importante suministro petrolero. El profesor de la selecta universidad de Amherst, en Massachusetts, sugiere sin embargo que Juan Guaidó, que ha conseguido la adhesión de algunos jefes militares, tendrá que negociar con los diversos grupos que conforman las fuerzas armadas, estipular compensaciones a sus distintos intereses y establecer algunas garantías de perdón o amnistía, al menos para algunos, para lograr controlar la situación y desalojar a Maduro. Lo que presumiblemente llevará tiempo.

Publicado el lunes 11 de marzo de 2018 en LA NUEVA ESPAÑA

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2019/03/11/venezuela-posible-solucion-lenta/2439338.html

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Ábalos y la isla de Asturias

LIBREPENSADORES

Para que el ministro no se haga el sordo ante la situación de las infraestructuras

“Ábalos revelará el ancho de vía de la Variante el jueves en su visita a Asturias”. Así titulaba en noviembre el diario La Nueva España la solución al misterio de la conexión ferroviaria que enlazará el Principado con el resto de España. Un acertijo más para los asturianos que se sienten ninguneados y aislados por tierra, mar y aire. Y es que el tren, como ocurre en Extremadura, llega a la comunidad por una estructura ferroviaria del siglo XIX; la autopista del mar que conectaba Gijón con Europa sigue cerrada desde 2014; las líneas aéreas, que enlazan el aeropuerto de Santiago del Monte con España y Europa, ponen y quitan trayectos y precios –hasta 800 euros ida y vuelta a Madrid o Barcelona– cada poco y a su antojo impidiendo a los viajeros poder programar sus vuelos, de negocios o de placer; la conexión por carretera es casi obligada por una autopista de peaje, una privada concesión prorrogada tres décadas los últimos días de Gobierno de José María Aznar. Es decir, entrar o salir de la patria del innovador Jovellanos es problemático y costoso, se intente por donde se intente.

Asturias es una isla, no solo en sentido geográfico, sino también en sentido político. Como Extremadura. Si las comunicaciones geográficas entre Asturias y el resto de España son anticuadas, las políticas son más bien negativas. Seis de los dieciocho titulares que han ejercido el cargo en el Ministerio de Fomento desde la implantación de la democracia a finales de 1978 han especulado sin recato con la comunicación ferroviaria entre el Principado y el Reino: la llamada Variante de Pajares. Después de tres lustros de trabajos, parones y promesas, esta línea sigue sin funcionar y al paso que va se puede quedar anticuada tras los varios miles de millones de euros invertidos en la obra. Mientras tanto la alta velocidad sigue sin llegar a la “tierrina”, a donde se accede por una obra de ingeniería del siglo XIX (1880-1884). Ancho ibérico, ancho internacional, triple hilo, discusiones y cambios según cada partido, y la “casa sin barrer”.

El jueves 15 de noviembre visitó por fin el Principado el ministro de Fomento José Luis Ábalos, una comunidad gobernada por el mismo partido que el Gobierno central pero con dirigentes enfrentados. Aunque esto casi es lo de menos. Ábalos es el sexto titular del departamento desde que se decidió construir la Variante. Aprobadas cuando Francisco Álvarez Cascos estaba al frente del Ministerio, las obras se iniciaron en 2005. Desde entonces Magdalena Álvarez, José Blanco, Ana Pastor e Íñigo de la Serna prometieron, visitaron e inauguraron tramos sin concretar nunca una fecha definitiva de finalización de obras, su previsible entrada en funcionamiento, ni siquiera concretaron el ancho de vía después de trece años de una construcción polémica a cada paso. Y solamente tratándose de la travesía bajo la cordillera porque, con el AVE a la puerta, Asturias seguirá sin alta velocidad sine die. La última fecha anunciada para que se inicie el acceso por el nuevo trazado habla de 2021 cuando la obra estaba programada para 2010. Hasta ¿entonces? los trenes circularán entre Busdongo (León) y Puente los Fierros (Asturias), distanciadas una treintena de kilómetros, bajo 63 túneles, lo que representa aproximadamente una hora de viaje.

Pero si esto es grave sin duda, siendo Asturias una de las provincias con más kilómetros de trazado de cercanías (370 kilómetros en nueve líneas con 156 estaciones), es posiblemente la que mayores problemas tiene en este tipo de ferrocarriles. Su abandono es tal que cada año pierde viajeros en porcentajes de dos cifras. Ha pasado de cinco a menos de dos millones en poco más de un decenio, unos 300.000 por año, “porque no hay fiabilidad en un servicio que es deficiente”, no se renueva material, se suspenden varios trenes cada día por heladas de la catenaria, piedras en las vías, falta de personal y los reiterados retrasos obligan al habitual viajero a desistir y utilizar el vehículo privado para acudir al trabajo. Existen tramos en que los trenes circulan a entre 20 y 30 km/h como precaución ante el deterioro del trazado. Un ferrocarril que sería un complemento ideal al mapa de sinuosas carreteras a que obliga la orografía de una comunidad donde en las primeras nevadas se cierran al tránsito una veintena de puertos de montaña.

En fin, el trato oficial en materia de infraestructuras y comunicaciones que sobrelleva Asturias es insoportable, una provincia donde una autovía de unos 250 kilómetros de largo por la zona orográfica más llana ha tardado en construirse más de 25 años, una provincia que ha sufrido varias reconversiones, que ha visto desmanteladas sus industrias minera y siderometalúrgica y su ganadería e intenta buscar para vivir el recurso del turismo, un turismo que encuentra múltiples y numerosas dificultades para su acceso al verde Paraíso Natural. Cerrada la autopista del mar –que conectaba con un considerable ahorro para turistas y transportistas el noroeste industrial español con el oeste industrial europeo– hace cinco años y casi sin comunicaciones aéreas, el Principado de los renombrados y universales premios es una comunidad que ha de esperar una “revelación” del decimoctavo ministro de infraestructuras en los 40 años de democracia para saber si algún día será europea.

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Publicado el sábado 12 de enero de 2019 en INFOLIBRE.es

https://www.infolibre.es/noticias/club_infolibre/librepensadores/2019/01/12/abalos_isla_asturias_90678_1043.html

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Barru sigue igual, una aldea rural

El empeño de considerar a la pequeña aldea llanisca en núcleo urbano

Seguimos igual. Barru no puede considerarse urbano, un pueblo con sólo un centenar de habitantes permanentes, la mayoría de ellos pensionistas del campo, donde ni siquiera hay una tienda para comprar el pan, ni leche, sal, algo para comer; un pueblo sin calles, ni escuela o médico o farmacia, sin autobús ni taxi, una aldea sin ningún servicio esencial para una vida urbana. No tiene ni alcalde pedáneo (esto lo dice todo) y ni siquiera es un pueblo «dormitorio». ¿Qué intereses ocultos hay para que se empeñen, corporación tras corporación, plan urbanístico tras plan urbanístico, en declarar a Barru núcleo urbano? Una aldea rural poblada mayoritariamente por campesinos donde, para sobrevivir, han de utilizar su transporte privado pues han de salir del pueblo para realizar la mínima compra existencial.

Ha cambiado el gobierno municipal, oficiosamente se ha desalojado la presunta corrupción del Ayuntamiento, se ha
contratado un distinto equipo redactor para el planeamiento general pero se insiste en contemplar un pueblo rural como
núcleo urbano. Parece que la lucha de los vecinos contra los tres planes anteriores, los tres desautorizados por las más altas
autoridades judiciales, sigue sin ser escuchada. La insistencia en declarar urbano un lugar sin ninguna característica urbanística obliga a pensar que algo hay tras esa insistencia. O es que los técnicos redactores del Plan de Ordenación no han pisado sus caminos, por donde apenas circulan -fuera de las tres carreteras locales que la circundan- una docena de coches en meses no veraniegos. También pudiera ocurrir que se hayan imbuidos éstos del espíritu de los autores de anteriores planes que llegaron a idear un paraíso terrenal con tranvías, parques y circunvalaciones que hacían del concejo llanisco una conurbación con aires parecidos a los emiratos del golfo Pérsico.

Posiblemente quieran sacar rentabilidad a la joya de la corona, iglesia, ensenada y playa únicas, semiabandonada por los
diversos estamentos administrativos. Porque declarar urbano este lugar solamente puede ser considerado para elevar las tasas municipales y algunas tarifas comerciales que, si se define el pueblo como rural, son mucho menores. A lo mejor, si caemos en la ingenuidad, podríamos pensar que a partir de entonces nos van a barrer las calles, regarlas, poner aceras, una plaza de taxi, un centro de salud, con servicio farmacéutico y enfermería, un despacho municipal para tramitaciones -con un día a la semana nos valdría-, alguien que atienda a nuestra antigua escuela-casa de la cultura-centro social… servicios iguales a los que disfrutan los residentes y establecimientos del casco urbano de Llanes.

No, Barru no cuenta para las administraciones y quieren que cuente para la hacienda municipal cuando no nos hacen el
mínimo caso. Hemos negociado, rogado unos pasos peatonales en viales por el gran peligro que representa atravesarlos en la
vida diaria, más en verano. Ni caso. Ninguna administración. Hemos solicitado aceras en tramos de carretera cercanos a la
concurrida playa. Ni caso. El Gobierno del Principado aprobó y presupuestó una rotonda en una de las salidas del pueblo, un
cruce lleno de peligro; han pasado diez años y seguimos sin ella.

Decíamos el pasado mayo cuando LA NUEVA ESPAÑA informaba sobre el borrador del plan donde se señalaba a esta
aldea como núcleo urbano o “núcleo complejo” que “zona rural es la que no cuenta con las dotaciones, infraestructuras y
servicios requeridos del núcleo urbano” y señalábamos que Barru, para el Ayuntamiento, ni siquiera es una entidad que deba
tener alcalde pedáneo. Y que es curioso que se le clasifique como “núcleo complejo” sin dotarlo de los servicios más necesarios e imprescindibles en pleno siglo XXI quizá para que esas dotaciones “no rompan la armonía del paisaje natural y rural”.

Publicado el sábado 29 de diciembre de 2018 en las páginas de Oriente de LA NUEVA ESPAÑA

https://kiosco.lne.es/visor.html?aWRFamVtcGxhcj00NzU3NA==

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Mon, el quinto de la saga

La historia de cinco registradores de la propiedad, tres tíos y dos sobrinos

Mon ya es el quinto de la familia. Una saga singular. No encuentro algo similar en todo el mapa. Cinco son registradores de la propiedad, tres de ellos son hermanos y los otros dos, también hermanos entre sí, son sus sobrinos. Los tíos ya tienen plaza y ejercen desde hace tiempo. Los sobrinos acaban de aprobar la oposición, uno con 27 años y otro con 26. Casi baten la marca que ostenta el gallego expresidente del Gobierno. Los cinco son murcianos, sino de nacimiento al menos de corazón.

Mon y José Miguel Coll Rodríguez son hijos de Firma Rodríguez y Ramón Ángel Coll, sobrinos de Pepe, Leonor y Carlos Rodríguez, y nietos del que fuera primer presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (entre 1989 y 1996), José Rodríguez Jiménez. Tres hijos de este juez ya jubilado tienen plaza de registrador, dos nietos acaban de aprobar la difícil oposición. El mayor a la segunda convocatoria, el segundo en su primera comparecencia ante los tribunales. ¡Menuda estirpe!

Ramón Andrés y José Miguel tienen un hermano pequeño que está a punto de terminar la carrera de Derecho. Cuando le preguntan a éste, Carlos, si seguirá los pasos de sus hermanos y de sus tíos contesta que ya tendrá tiempo de pensárselo, que de momento está estudiando y no decidirá su camino hasta que no acabe la carrera. Es joven y tiene todavía bastante tiempo para deliberar y pronunciarse.

José Miguel, Mon y Carlos nacieron en Almería donde su madre ejerce la medicina mientras su padre es empleado de banca. Cursaron sus estudios en Murcia y los ya nuevos registradores se han preparado en la academia donde ejercen o ejercieron de profesores sus tíos. Un centro de estudios también con una característica muy particular: es gratuito.

Para aprobar las cuatro pruebas en las que consiste la oposición Mon dice que estudió diez horas diarias, cinco por la mañana y cinco por la tarde, se levantaba poco después de las seis de la mañana e hincaba los codos hasta casi el anochecer. Según las estadísticas, la media de tiempo de preparación para estas oposiciones oscila entre siete y ocho años y son muy pocos los que aprueban en su primera convocatoria. Mon lo ha conseguido, ha sido el último en la lista de aprobados pero lo ha logrado en su primera comparecencia y acaba de cumplir veintiséis años; su hermano José Miguel, que le lleva un año, ha sacado la primera plaza en su segunda convocatoria. En unas semanas recibirán el título y, tras un corto cursillo, tomarán posesión a mediados de 2019 de alguna de las plazas de registrador que han salido a concurso.

La academia de Murcia donde se han preparado estos jóvenes hermanos es una de las pocas gratuitas que existen en España: Comenzó a enseñar en los años setenta del pasado siglo y actualmente trabajan en ella altruistamente doce profesores que tutelan a unos cuarenta licenciados en Derecho. Según fuentes de esta academia, cada año suelen aprobar la oposición cinco o seis de sus alumnos, lo que la convierte en una de las más prestigiosas de España.

Unos setecientos opositores parece que se presentaron a la primera prueba celebrada a finales del invierno pasado. Tenían que hablar durante dieciocho minutos. Pero, como asegura algún profesor de la academia murciana, quienes empiezan su preparación son muchos y antes del año de estudio ya se ha retirado la mitad. En la selección suele ocurrir algo parecido. Ante la dureza de las pruebas muchos estudiantes se presentan para tantear su nivel de preparación y conocer el sistema. Pronto se redujeron este año a medida que se celebraba cada examen. Llegaron al final unos cuarenta. Y a la saga familiar se sumó Mon.

Publicado el viernes 28 de diciembre de 2018 en LA NUEVA ESPAÑA

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2018/12/28/mon-quinto-saga/2403081.html

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El cambio de horario y los festivos a los lunes

Cuestiones en las que los científicos proponen y los poderes económicos disponen

Creo que un mismo argumento sirve para dirimir la cuestión del cambio de horario y el traslado de las fiestas a los lunes. Lo «resolverán» los poderes económicos. Señalábamos en estas páginas a raíz de la polémica sobre trasladar las fiestas a los lunes o a los viernes que resultaba más eficaz y económico escoger el quinto día de la semana que trasladarlas al primero. Y es que los viernes son inhábiles política y económicamente en las relaciones y traslaciones internacionales con los países del extremo oriente, con los de implantación musulmana, con las tardes laborales de la mayoría de los países europeos y las mañanas de los americanos. Una teoría similar se puede aplicar ahora a la discusión sobre si conviene o no cambiar el horario dos veces al año. La «resolverán» los poderes económicos.

En este dilema entran argumentarios de ahorro, de ocio, mercado, vitalismo. Energía, negocio, salud, turismo, relaciones internacionales, relaciones intranacionales (Galicia-Cataluña, Baleares-Canarias). Y polémicas teorías sobre trastornos humanos. Si el plan de implantación de traslados festivos sigue sin ser plasmado en leyes de la mayoría de los estados, ya sea por cuestiones religiosas, económicas o políticas, ocurre que tenemos ahora una situación parecida con los horarios. O aún peor si cada país optase por implantar horarios por su cuenta.

Es necesario tener presente, además, que la trayectoria histórica de la Unión Europea lleva a unificar criterios para hacer más fácil la convivencia, eliminar obstáculos en temas económicos, equiparar derechos? Una tendencia hacia lo práctico, lejos de teorías minoritarias, propósitos acientíficos o prioridades particulares. Al menos eso es lo que luce hasta el momento mientras no se implante de hecho una unión política sobre la vigente unión económica. La ciencia, pues, sigue siendo disciplina secundaria, aunque en este campo sería prioritaria.

En los días previos al cambio realizado en la madrugada del pasado 28 de octubre volvieron a ser publicadas distintas opiniones sobre los beneficios o perjuicios que acarrean cada año los dos cambios -primavera y otoño- que se realizan en los países europeos. Mientras en Europa los fineses se declararon grandes partidarios de eliminar los cambios y permanecer todo el año con el mismo, en Chile lo suprimieron hace tres años y a los pocos meses de práctica volvieron a la situación anterior. Son dos situaciones extremas en dos latitudes extremas.

La cuestión radica en que la encuesta lanzada por la Unión Europea a mediados de año no fue anunciada con la necesaria publicidad como para que la participación alcanzase un cuórum representativo. La información del inicio del sondeo tuvo escaso eco en los medios de comunicación y solamente cuando los resultados parecieron espectaculares se resaltó en las noticias en un mes de agosto vacacional. Y al menos en España, quizá el país con más variados climas de la Europa comunitaria, han sido muy pocos los votantes con relación con la población. Además, si se tiene en cuenta que en la mayoría de las encuestas se consideran unos porcentajes mínimos para ser tenidos en consideración, el número de votantes ha sido casi inapreciable. Menos de un uno por ciento de los 508 millones de europeos votaron. A los alemanes y fineses les afecta poco la diferencia de horario de verano o invierno. En los países mediterráneos la cosa cambia.

Los argumentos en contra de dos horarios basan sus tesis en el escaso ahorro energético, aunque Europa calcula que llega al 5%, y en trastornos vitales de muchas personas. Pero según Antoni Diez Noguera, catedrático de Fisiología de la Universidad de Barcelona, más que trastornos solo son molestias pasajeras. Para Jorge Mira, catedrático de Física Aplicada en Santiago, el cambio es totalmente necesario: «Si la Tierra tuviera el eje de rotación alineado con el eje de traslación no habría problema y no habría que cambiar la hora. Sin embargo, en verano tenemos 15 horas y pico de día y en invierno 15 horas y pico de noche», manifestó a Europa Press. Y José María Martín Olalla, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla, señala que la razón del cambio es «natural y racional» pues «la sociedad se pone en marcha en función del sol» y hay que «adaptarse a estas circunstancias». Asesores de la organización Greenpeace no ven problema en los cambios de horario y prefieren medidas que impidan el cambio climático. Por su parte, instituciones comerciales internacionales han pedido una mayor investigación y en este sentido las aerolíneas han exigido a la Comisión Europea que paralice la supresión anunciada del actual sistema porque produciría un grandioso caos aeroportuario, lo que ha alarmado a los ministros de Transportes reunidos en Viena que han decidido estudiar pros y contras de la situación. Lo dicho, los científicos proponen y los poderes económicos disponen.

Publicado el sábado 5 de enero de 2019 en LA NUEVA ESPAÑA

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2019/01/05/cambio-horario-festivos-lunes/2406075.html

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Los beneficios de una ley del retorno

Las formas de reciclaje de los envases que mejoran el medio ambiente

Una ley del retorno representa un gran ahorro y un avance para desplazar el uso de plásticos, además de beneficios en la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué las llamadas a reciclar van dirigidas casi todas al consumidor? Propuestas y anuncios enfocan sus exhortaciones a particulares y parecen olvidarse de profesionales, industrias e instituciones. Creo que hay dos formatos de envases según sean para el industrial o para el comprador. Tras la obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico surgen iniciativas para reconducir el sistema hacia la recuperación eficaz, fácil y sostenible y entonces aparecen obstáculos legales. Por eso es necesaria una ley del retorno. El medio ambiente y el clima la reclaman.

La disparidad entre los destinos de los envases es un poco sorprendente. Cada mañana nos encontramos con camiones de reparto de bebidas a bares y restaurantes y vemos como los repartidores van ordenando los envases de vidrio en las cajas de suministro. Son botellas, botellines, frascos y otros recipientes que vuelven al fabricante o distribuidor para su nuevo uso. Son de marcas que normalmente recuperan envases y ahorran bastante dinero al no tener que comprar unos nuevos. Lo vemos en visitas hechas a factorías donde se embotellaban refrescos, vinos y cervezas y lo certifican muchos países de Europa.

Los viajes por el continente nos descubren que es habitual en países más avanzados o no respecto al nuestro, que existe el retorno, la devolución de envases a supermercados y entidades públicas con recuperación del coste del mismo, pagado ya al comprar el producto. Hecho que teníamos en España en tiempos menos opulentos. La ley de reciclaje aprobada por el Gobierno de Aznar no resuelve el retorno, que es un ahorro que beneficia a todos, productores y consumidores. Luego introdujo una nueva norma el Gobierno socialista en 2011 pero la eliminó después la mayoría absoluta del Partido Popular. El Gabinete de Pedro Sánchez tiene ahora la oportunidad de restablecer el retorno, como intentan comunidades autónomas y municipios, aunque parece que encuentran problemas en su reintroducción legal.

Lo paradójico es que mientras a bares y restaurantes les distribuyen envases de vidrio, el consumidor no encuentra más que plásticos y latas cuando acude al supermercado. Y no existe en las tiendas un sistema de recogida de envases vacíos. Para colmo, la mayoría de los contenedores de depósito de vidrios en España no son de retorno sino de recuperación de vidrio, que se rompe al caer dentro de la gran campana verde habilitada para la recogida. En Alemania la devolución del casco ya alcanza mayor porcentaje que el reciclado. Por otra parte, fuera de bebidas y contenidos líquidos, los envases y embalajes que proliferan en nuestros comercios son cada vez más lujosos, aparentes y voluminosos con el fin de atraer al comprador. Son auténticas matrioshkas o cebollas de cartón, papel o plástico que necesitas ir destapando por capas para llegar al contenido. Hasta muchos productos con el título de «ecológico» sufren de esta cartonitis.

También abunda en el nuevo comercio el sistema de bandejitas de poliestireno en sus diversas formas y sus distintos componentes, para presentar el contenido más limpio pero cuyo reciclaje es complicado y que la ciudad de Nueva York ya prohíbe su uso. En España prolifera hoy un nuevo tipo de supermercados, digamos que apellidados «&Go», especializados en comida preparada o lista para consumir que utiliza principalmente estos soportes, que hacen más rápido y fácil su envoltura para el dispensador pero que resulta difícil su reciclaje al consumidor.

En definitiva, aumentan notablemente los reclamos para que reciclemos pero cada día nos lo ponen más complicado. Retiran las bolsas de plástico pero siguen envasando todo en plástico prácticamente no reciclable, cada vez se emplea más el embalaje de poliestireno y el retorno es casi nulo en España.

Publicado el miércoles 26 de septiembre de 2018 en LA NUEVA ESPAÑA

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2018/09/26/beneficios-ley-retorno/2354096.html

 

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Los ecologistas piden un recorte en gasto ambiental

Entidades conservacionistas proponen hacerse cargo del medio ambiente

Los ecologistas piden al Gobierno que recorte en gasto ambiental. Así como suena. “Funcionarios públicos; miembros de entidades conservacionistas subvencionadas; ganaderos y pastores, empresarios que tenemos o hemos tenido contratos con la Administración Pública, proponemos que se nos recorte”. Con esta frase comienza la carta abierta por significados ecologistas al Gobierno de Pedro Sánchez, el primer ejecutivo con un específico Ministerio de Transición Ecológica. “Planteamos reducir a la mitad el presupuesto que se destina a la conservación de la naturaleza, contribuyendo con ello a facilitar el recorte de los 10.000 millones de euros anuales que habría que realizar en 2019 y 2020 para cumplir con la reducción del Déficit”. A continuación requieren “que la gestión del medio natural deje de ser monopolio de la Administración Pública y que ésta facilite el acceso a la política de conservación al sector social interesado en proteger y producir fauna amenazada”.

Los firmantes de la carta, entre los que se encuentran significados defensores del medio ambiente y experimentados gestores, argumentan que “Los ciudadanos forzaron hace décadas a la Administración a proteger la naturaleza” y ésta respondió cargando la gestión al contribuyente. Los recortes paulatinos en ese presupuesto amenazan hoy los logros alcanzados por lo que solicitan que no se recorte a cambio de nada. Piden al Gobierno asumir gestiones directas y que promueva cambios legislativos que permitan ubicar en el campo “un tejido social autónomo que ponga en valor y transforme en riqueza, económica y cultural, la expansión de lo salvaje”.

En el escrito, que será presentado el próximo mes en una conferencia multinacional en Berlín de la organización Wild Europa se manifiesta que el ofrecimiento “implica recolonizar el campo con un tejido productivo basado en la vida salvaje. Naturalistas, funcionarios reconvertidos en autónomos y conservacionistas–teletrabajadores internacionales, en alianza con habitantes del medio rural, podrían reducir a la mitad partidas de los Presupuestos, autogestionándolas y desarrollando otras innovadoras”. El plan, firmado en España por decenas de veteranos defensores de la naturaleza, supondría dar un giro de 180 grados a la política de conservación.

Aducen sus impulsores que “permitirá recolonizar el campo no rentable de España”, lo que significa unos 25 millones de hectáreas, la mitad del país, con la recuperación de herbívoros salvajes y también con sus depredadores. La labor la harían conservacionistas que “ayuden a reconvertir la economía de la ganadería subvencionada y la política de conservación, basadas ambas en los impuestos de los contribuyentes”. Para conseguirla promoverían una “red de poblados y una economía rentable basada en el teletrabajo y la fauna silvestre” con personas de empleo autónomo, “sometido a la supervisión y control del Estado”, y lanzarían una llamada mundial a unas nuevas “Brigadas Internacionales”, ajenas a ideologías.

La presentación berlinesa se realizará tras diversos actos a celebrar este mes en España. Será en la sede de la Deutsche Umwelthilfe, una asociación ambiental y de protección al consumidor sin fines de lucro, respaldada por donaciones y legados de proyectos públicos y privados. Es miembro de la Oficina Europea del Medio Ambiente, en Bruselas.

“Si por vuestra mirada desfilan las arboledas, fluyen los ríos y, sobre todo, se elevan las más bellas cimas todo eso os confiere identidad. Identificarse con el propio derredor es saberse de algo mucho más grande que nosotros mismos. Acaso el primer paso para no devorarlo del todo”, decía Joaquín Araujo, uno de los firmantes de la carta, hace unos días en su pregón del festival del universal Queso de Cabrales.

Publicado el martes 4 de septiembre de 2018 en LA NUEVA ESPAÑA

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Barru y los lobos

La aldea es víctima de los poderes económicos y sus luchas

El argumento de la película “Ana y los lobos” ( 1973), de Carlos Saura, creo que se refleja hoy día en un pequeño pueblo, Barru. Esta hermosa aldea es objeto de un gran acoso por varios lobos de la especulación y la construcción. La razón está en que es una de las joyas de la corona de Llanes, el concejo más atractivo del turismo marítimo-rural de Asturias. Aunque la crisis parecía detenerlo, unos u otros, los lobos prosiguen su acoso a Barru.

Cuando los gobiernos democráticos fueron implementando leyes que regulaban la edificación, los planes de ordenación urbana, se fue acabando la construcción de casas donde cada uno tenía “su prau”. Coincidía en el tiempo con la política de regulación de jubilaciones y ayudas a la población agraria y poco después con la implantación de una política agraria común (PAC) europea. Las cuadras pequeñas fueron desapareciendo, muchos campesinos se acogieron a las nuevas normas de retiro y el campo se fue despoblando de la cabaña, de vacadas, rebaños y ganaderías diversas. Por tanto, los prados perdieron su primitivo objetivo: los cultivos para alimento de los animales domésticos; también la horticultura para consumo familiar ante la comodidad de un retiro remunerado. Durante un tiempo la inactividad dejaba la mayoría de las fincas casi abandonadas.

Por su parte el turismo fue creciendo, la actividad hostelera intensificándose. La belleza del paisaje, las playas y la cercanía de la montaña atraían cada vez a más gente. El atractivo al visitante se complementaba con una gastronomía singular y unos precios asequibles. Y llegó la especulación. Barru parecía tener todos los ingredientes para los intereses de constructores, restauradores, hoteleros. Los dueños de pequeños terrenos, generalmente prados ya no dedicados a cultivo, se dejaron querer y fueron vendiendo. Comenzó la carrera de los especuladores, que se fueron haciendo con casi todos los terrenos susceptibles de entrar en los planes urbanísticos municipales. Unas regulaciones sucesivas aprobadas por la corporación de Llanes, hasta el momento tres, que van, una a una, echando abajo los tribunales.

Y no es que los jueces la hayan tomado con la construcción en sí sino que son ellos quienes han dirimido en la guerra entre especuladores. Y en Barru el conflicto llegó a cotas importantes. Un ejemplo significativo es la edificación y derribo de un hotel en las inmediaciones de la playa, hecho insólito que ha llenado páginas en los medios de comunicación. Entre otras cosas por la rápida sentencia y su también rápido cumplimiento. Toda una lucha entre especuladores. Los pleitos planteados entre ellos han motivado una guerra que ha sido contemplada por los vecinos, los barrucanos, desde la impotencia y sin opción a intervenir en defensa de los derechos locales.

En una población de alrededor de un centenar de censados la especulación se dirime entre cuatro o cinco poderosos foráneos que compraron los terrenos más propicios para la construcción de edificaciones vacacionales. La crisis y la falta de regulación urbanística municipal por decisiones judiciales ha empezado a relentizarse en esa contienda y alguno de los contendientes parece que se retira. Otros han paralizado su ansia de acumulación y construcción, al menos de momento. Pero si unos decrecen surgen otros que quieren aprovechar los huecos. Unos y otros han contado con cierta dispensa municipal, fuese del signo que fuese. Y así, hoy alguno logra favores de la municipalidad que no consiguen nunca los barrucanos “de toda la vida” (acotación de lindes, control de aparcamientos, etc.). Es decir, los lobos foráneos acosan a las ovejas autóctonas. Pero el cuatripartito gobernante en el concejo ni se entera, mira para otra parte, obedece o hace la vista gorda. La ley del más fuerte.

Publicado el jueves 23 de agosto de 2018 en las páginas de Oriente de LA NUEVA ESPAÑA

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Los peatones, cada día más acosados

La irrupción del patinete eléctrico en las calles de las ciudades españolas

«Son un gran invento contra la contaminación. Evitarán que mucha gente coja el coche para trasladarse con lo que se expulsará menos veneno a la atmósfera», señalaba un tertuliano hace unos días en un programa de radio. La opinión la daba respecto a la proliferación de los nuevos patinetes eléctricos en las calles de las ciudades españolas. Una visión bastante limitada sobre el invento que se ha puesto de moda en las últimas fechas.

Pero la irrupción del patinete eléctrico puede colmar el vaso del acoso al peatón. Agravado además con el acicate de la permisividad y la falta de legislación sobre su uso. Su presumible reglamentación quizá atenúe este comienzo de andadura, que ya ha causado sobrados accidentes. Basta recordar el sufrido por un hombre recientemente fallecido en Llanes que se desnucó al tropezar el patinete con una escalera. Pero, aunque no suelen ser tan graves, son numerosos los ocurridos con este vehículo, como recordaba la información publicada en LA NUEVA ESPAÑA, que señalaba el incremento de incidentes. También se advertía en ella el aumento de asistencias en los servicios de emergencias hospitalarias debido a traumatismos, esguinces y contusiones producidos por un vehículo ligero, frágil y tradicionalmente peatonal, usado generalmente por niños, al que, aun reforzando su estructura, le han incorporado un motor que le imprime una velocidad que puede no ser adecuada a su endeble armazón.

Por esta razón, los expertos advierten que la normativa para el uso de estos patinetes, regulada en algunas poblaciones, adolece de directrices muy confusas o escasas. Concretamente en Madrid se aprobó una ordenanza que prohíbe su circulación por aceras y espacios exclusivos para el peatón. ¿Inútilmente? Porque la acera es un espacio para la movilidad del viandante que, generalmente, no está vigilada por agentes de circulación. Se supone que las personas tienen la habilidad suficiente para andar y transitar por una acera sin el peligro de un atropello. ¿Por qué circula por una acera un vehículo a motor?

Claro que la situación cambia cuando se permite el tráfico de bicicletas por esas «orillas de la calle, junto a las fachadas de las casas y particularmente reservadas al tránsito de peatones» como prevé la definición de la Real Academia. Hoy muchos ayuntamientos autorizan la circulación de las bicis por las aceras en lugar de habilitar carriles específicos para ellas. Simplemente limitan su velocidad para salvaguardar la seguridad de las personas que van andando. Sin embargo esos límites son reiteradamente incumplidos por hábiles ciclistas y motoristas, muchos circulan como si fuesen por la calzada y no respetan los semáforos. Y ocurre lo mismo con los patinadores, con vehículos de estructura más fútil y menos consistente, muchos de ellos sorteando a su paso a peatones y a velocidades poco adecuadas.

Para incrementar la ocupación de los espacios reservados al peatón, la aparición de motos, bicis y patinetes de alquiler mal aparcados en aceras -salvo las municipales con estacionamiento obligatorio-, todos ellos dotados de pequeñas computadoras que permiten su control remoto por los propietarios, impide el andar del viandante. A diario aparecen dejados en medio de andenes y pasos peatonales provocando problemas para personas de difícil movilidad, invidentes, ancianos? ¿Por qué a sus usuarios no se les obliga a aparcarlos en lugares precisos? San Francisco, ciudad pionera en su circulación, suspendió su tránsito hasta que no se estudie una normativa que despeje el jaleo peatón/patinete/bici.

En definitiva, el cerco al peatón aumenta en las ciudades. La proliferación de terrazas de bares, que van extendiendo ¿legal o ilegalmente? su área de ocupación, y la libre circulación de bicicletas y patinetes sin normativa atosigan y acosan al peatón.

Publicado el sábado 20 de octubre de 2018 en LA NUEVA ESPAÑA

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2018/10/20/peatones-dia-acosados/2366600.html