De cómo las leyes restrictivas que impone la mayoría absoluta del PP podrán ser cambiadas si no ganan las próximas elecciones
Cesante era el funcionario despedido con el cambio de Gobierno, caso popularizado desde la segunda mitad del siglo XIX. Con las frecuentes alternancias en el Ejecutivo entre conservadores y liberales, en cada permuta en el poder los empleados públicos entraban y salían de la Administración según el gabinete entrante o saliente. El puesto funcionarial no dependía de una idoneidad, de una oposición sino que era asignado a los adictos. Eran tiempos de caciquismo y redes clientelares. Los gobiernos de turno seguían ese mismo camino legislativo. Fue una época pendular, de vaivén durante un largo periodo de tiempo. Lo que aprobaban los liberales cuando gobernaban lo suspendían los conservadores al alcanzar el poder. Y en la alternancia siguiente la operación era a la inversa. ¿Volvemos a lo mismo?
Ha pasado siglo y medio y parece que la historia se puede repetir. No en cuanto al movimiento de funcionarios, que ahora disfrutan de una posición mejor tras superar unas pruebas y unas oposiciones que demuestren que son idóneos para el trabajo. Aunque la crisis lo puede cambiar. Pero sí lo parece en el terreno político. El encono en las formaciones partidarias está llegando a tal extremo que las reacciones se van acercando al límite. La amenaza de un panorama similar se asoma estos días.
En los recientes años pasados no se llegó a tanto pero ahora puede que sí. Hubo momentos difíciles, actuaciones de bloqueo, puntos que parecían insuperables. Por ejemplo en el terreno judicial con las renovaciones de tribunales, consejos, en fin, de distintos organismos de la judicatura. Hubo prórrogas insostenibles en nombramientos de miembros de los diversos estamentos. Se temió un bloqueo que paralizase totalmente el sistema, el tercer poder del Estado.
También se produjeron momentos delicados en temas de educación, de economía, de política autonómica, de la televisión pública? pero se recondujeron hacia un acercamiento próximo al consenso. Hubo concesiones antes de abocar la situación en ruptura. Las fuerzas se iban recolocando a medida que se producían los acontecimientos. La composición parlamentaria aconsejaba las aproximaciones.
Sin embargo la prolongación de la crisis, los deterioros de las situaciones económicas, sociales, políticas propiciaron un cambio en el poder, un intento de reconducción en la marcha de la gobernabilidad para aspirar a una superación de los problemas de tan prolongada depresión. Llegó una mayoría absoluta. Una mayoría que programó un cambio principalmente en la economía pero que, cumplidos dos años en el poder, no ha realizado esa corrección. Ha empeñado toda su fuerza en revertir las políticas productivas, sociales, sanitarias, educativas, y con sus nuevas leyes económicas no ha conseguido enderezar la situación de millones de españoles que han pasado a situaciones tan precarias que han regresado a un tiempo casi olvidado.
Y el riesgo es volver al siglo XIX. Cada vez que este Gobierno promulga una ley reaccionaria, una norma que elimine derechos ya conseguidos, consolidados, la oposición anuncia la anulación de esa medida en cuanto llegue al poder. La radicalidad de las leyes aprobadas por la actual mayoría absoluta propicia la amenaza del desquite. Tales son las normas implantadas que la alarma supera nuestras fronteras. Y de ser un país ejemplo de innovación en derechos sociales hemos pasado a la alarma de Europa, la progresista y la conservadora. Existe un riesgo de involución democrática. Por eso la oposición está dispuesta a cambiar esas leyes regresivas: educación, reforma laboral, repago sanitario, seguridad ciudadana? y sobre todo, la norma que rechazan también importantes estamentos del Partido Popular, la anunciada ley restrictiva del aborto.
Cesante era el funcionario despedido con el cambio de Gobierno, caso popularizado desde la segunda mitad del siglo XIX. Con las frecuentes alternancias en el Ejecutivo entre conservadores y liberales, en cada permuta en el poder los empleados públicos entraban y salían de la Administración según el gabinete entrante o saliente. El puesto funcionarial no dependía de una idoneidad, de una oposición sino que era asignado a los adictos. Eran tiempos de caciquismo y redes clientelares. Los gobiernos de turno seguían ese mismo camino legislativo. Fue una época pendular, de vaivén durante un largo periodo de tiempo. Lo que aprobaban los liberales cuando gobernaban lo suspendían los conservadores al alcanzar el poder. Y en la alternancia siguiente la operación era a la inversa. ¿Volvemos a lo mismo?
Ha pasado siglo y medio y parece que la historia se puede repetir. No en cuanto al movimiento de funcionarios, que ahora disfrutan de una posición mejor tras superar unas pruebas y unas oposiciones que demuestren que son idóneos para el trabajo. Aunque la crisis lo puede cambiar. Pero sí lo parece en el terreno político. El encono en las formaciones partidarias está llegando a tal extremo que las reacciones se van acercando al límite. La amenaza de un panorama similar se asoma estos días.
En los recientes años pasados no se llegó a tanto pero ahora puede que sí. Hubo momentos difíciles, actuaciones de bloqueo, puntos que parecían insuperables. Por ejemplo en el terreno judicial con las renovaciones de tribunales, consejos, en fin, de distintos organismos de la judicatura. Hubo prórrogas insostenibles en nombramientos de miembros de los diversos estamentos. Se temió un bloqueo que paralizase totalmente el sistema, el tercer poder del Estado.
También se produjeron momentos delicados en temas de educación, de economía, de política autonómica, de la televisión pública? pero se recondujeron hacia un acercamiento próximo al consenso. Hubo concesiones antes de abocar la situación en ruptura. Las fuerzas se iban recolocando a medida que se producían los acontecimientos. La composición parlamentaria aconsejaba las aproximaciones.
Sin embargo la prolongación de la crisis, los deterioros de las situaciones económicas, sociales, políticas propiciaron un cambio en el poder, un intento de reconducción en la marcha de la gobernabilidad para aspirar a una superación de los problemas de tan prolongada depresión. Llegó una mayoría absoluta. Una mayoría que programó un cambio principalmente en la economía pero que, cumplidos dos años en el poder, no ha realizado esa corrección. Ha empeñado toda su fuerza en revertir las políticas productivas, sociales, sanitarias, educativas, y con sus nuevas leyes económicas no ha conseguido enderezar la situación de millones de españoles que han pasado a situaciones tan precarias que han regresado a un tiempo casi olvidado.
Y el riesgo es volver al siglo XIX. Cada vez que este Gobierno promulga una ley reaccionaria, una norma que elimine derechos ya conseguidos, consolidados, la oposición anuncia la anulación de esa medida en cuanto llegue al poder. La radicalidad de las leyes aprobadas por la actual mayoría absoluta propicia la amenaza del desquite. Tales son las normas implantadas que la alarma supera nuestras fronteras. Y de ser un país ejemplo de innovación en derechos sociales hemos pasado a la alarma de Europa, la progresista y la conservadora. Existe un riesgo de involución democrática. Por eso la oposición está dispuesta a cambiar esas leyes regresivas: educación, reforma laboral, repago sanitario, seguridad ciudadana? y sobre todo, la norma que rechazan también importantes estamentos del Partido Popular, la anunciada ley restrictiva del aborto.
Artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 26 de febrero de 2014
http://www.lne.es/opinion/2014/02/26/cesantias-vuelta/1548642.html