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La «niña bonita» de los 15-M

Los días de las movilizaciones contra el deterioro ambiental coinciden en número
La "niña bonita" de los 15-M«La niña bonita» se decía cuando salía el número quince en los sorteos, «el quiiince, la niña bonitaaa», cantaba el locutor de las antiguas loterías, de los bingos, y por supuestos quienes siguen retransmitiendo los sorteos de la Lotería Nacional? Bien pues el 15 (y el 1 y el 5) parece el número bonito para figurar en calendarios de efemérides, no sólo españoles sino mundiales, es el número «viral» de nuestros días. Partimos del 15-M de aquel Madrid de 2011, pasamos al 15-M de este 2019. ¿Seguiremos con fechas emblemáticas, de distinto mes -mayo uno, marzo, el otro- coincidentes en letra y sobre todo espíritu?

El 15 de mayo de 2011 se concentraron en la Puerta del Sol de Madrid unas docenas de personas, seguidoras del diplomático y escritor francés Stéphane Hessel cuyo librito «¡Indignados!» se había convertido en fenómeno viral. A la concentración se fueron uniendo más indignados contra la indiferencia y proponiendo la insurrección pacífica contra el inmovilismo político y la rebelión contra el bipartidismo casi contemplativo e ineficaz. El ánimo reivindicativo iba creciendo y unas cuarenta de aquellas personas decidieron acampar en la emblemática plaza madrileña. La acampada, cada vez más extensa, exigente y poblada, permaneció bastantes días y se expandió a otras sesenta poblaciones.

Stéphane Hessel (Berlín, 1917; París, 2013), que participó como diplomático en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya había intervenido en 2009 en convenciones como Europe Écologíe junto a «rebeldes» líderes como Daniel Cohn-Bendit, una de las cabezas dirigentes del Mayo 68 francés, o José Jové, sindicalista del sector agrícola y portavoz de la organización internacional Vía Campesina, que llegó a paralizar Francia. Con «la esperanza de ver surgir una izquierda impertinente» que alcanzase un buen nivel de apoyo, publicó otro librito titulado «¡Comprometeos!» en el que mostraba su preocupación por la degradación del medio ambiente y la notoria distancia entre la juventud y los políticos. Eran los años finales de la primera década de este siglo. La divulgación de sus dos panfletos caló en la precaria situación de los muchos millones de afectados por la crisis mundial desatada por la quiebra y los fraudes de entidades financieras que desencadenaron la gran depresión planetaria de la que dudosamente estamos saliendo diez años después.

Si el Mayo 68 fue francés y luego amplió su ámbito a gran parte de Europa, el 15-M comenzó siendo madrileño pero pronto se extendió a toda España, por los países occidentales y por todo el mundo. La reivindicación social fue ensanchando su lucha contra la corrupción, el anquilosamiento político y cualquier sistema no democrático. Aunque ha habido algunos éxitos concretos el movimiento no parece muy boyante en estos momentos en bastantes partes del planeta con el auge de la ultraderecha y los populismos. En nuestro país ha roto el bipartidismo pero la solución no parece cercana.

El otro 15-M, el de marzo, es de esperar que tenga mejor consecución porque si el de mayo busca soluciones políticas, éste añade soluciones físicas, prácticas, vitales. El deterioro del hábitat es tal, la precariedad ambiental crece a tal velocidad que la alarma alcanza a los principales organismos políticos y científicos internacionales. Y aunque se firman acuerdos a niveles mundiales, la carrera es lenta. Quizá la insólita y simple reivindicación de una adolescente ante el Parlamento Europeo, tras pasar por la cumbre de Davos, la cumbre climática de la Organización de Naciones Unidas en Katowice o el Parlamento sueco sea el aldabonazo que despierte las conciencias. Desde que Greta Thumberg se presentó el 20 de Agosto pasado con una cartel con tres palabras con letras mayúsculas (SKOLSTREJK FOR KLIMATET, huelga escolar por el clima), parece que las reflexiones públicas dan paso a la alarma ya que el movimiento se extiende por todo el globo.

Otros 1 y 5 aparecen en las reivindicaciones: los 15 años de Greta Thumberg, los 15.000 científicos que reclaman medidas urgentes a gobiernos y organismos internacionales; las 1.500 manifestaciones que se celebraron en el mundo el pasado 15-M? para que se cumpla lo firmado en los Acuerdos de París intentando paliar -sólo eso- el deterioro del medio ambiente mundial, cumbre celebrada en diciembre de 2015.

Publicado el miércoles 3 de abril de 2019 en LA NUEVA ESPAÑA (LEVANTE, INFORMACIÓN, DIARIO DE IBIZA, LA PROVINCIA)

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2019/04/03/nina-bonita-15-m/2451521.html

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Negativo, peligroso y no negociable

El pacto del PP con Vox y la complicidad de Ciudadanos para gobernar Andalucía

Es un precedente negativo y peligroso. En una semana en la que la violencia machista se repartía por todo un país dos partidos negociaban la derogación o desvalorización de la ley que persigue ese abuso del macho sobre la mujer. Una semana en la que se recordaba el triste balance del pasado año en que fueron asesinadas cuarenta y siete (47) mujeres por sus parejas o exparejas, dos partidos negociaron la eliminación o aminoración de la legislación contra la violencia contra la mujer. ¿Es negociable debatir sobre el amortiguamiento de la ley contra la violencia de género? ¿Es argumentable argüir, como Ciudadanos dice, que no negocia con extremistas pero aprovecha que si lo hace el Partido Popular, para ambos gobernar apoyados en Vox?

No. No es negociable en un estado democrático, ni vale un argumento tal, regatear los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres, la expulsión de más de cincuenta mil personas porque no consiguen tener «papeles», romper la Constitución… Dirigentes del Partido Popular han negociado con dirigentes del partido Vox esas cosas y muchas otras más. Y los representantes del PP no se han levantado de la mesa cuando les han presentado esas propuestas por parte de los mandatarios voxistas. Consintieron negociar los «populares» con quienes niegan derechos constitucionales. Admitieron los «ciudadanos» que negociase su compañero de pacto con quienes reniegan de la ley de leyes. Unos y otros serán cómplices de quienes rechazan los principios de igualdad que otorga la Constitución. Admiten ya que no pertenecen al bloque constitucional como acusan a otros.

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos, consintiendo esa negociación no constitucional, son conscientes de que le hacen la precampaña a Vox para las próximas elecciones de mayo pero les da lo mismo. Elecciones primaverales, unas con la pequeña circunscripción local o regional, otra con circunscripción única, que pueden beneficiar a formaciones como Vox, alimentada por votantes localmente concentrados o dispersos por todo el país. Han de tener en cuenta PP y C’s que ellos mismos se nutren en gran parte de disidentes -Ciudadanos con los procedentes del Partido Popular y Vox de ambos- y bastantes votantes deciden dirigir su preferencia por la formación más contundente y definida.

El odio al partido que ha gobernado cerca de cuarenta años con los votos -¡ojo!- de la mayoría de los andaluces ha cegado a unos políticos que no han logrado una mayoría suficiente para asumir el Gobierno y les ha dado lo mismo negociar con quienes rechazan los derechos que otorga la Carta Magna. También los Derechos Humanos. Creo que aceleraron sus negociaciones para ocultar su debilidad. «Génova pide a sus barones que guarden silencio» pidió una portavoz popular en un espacio de televisión. Quizá fuese para acallar o desarmar a discrepantes interiores o internacionales (en el PP baronías sustanciales refutaban la negociación con Vox -Galicia- y hay baronías relegadas en las listas para los comicios de mayo -Asturias, Cantabria, Madrid-; en C’s candidatos a grandes alcaldías y parlamentarios europeos afines -hasta el presidente francés Macron- rechazan alianzas con la ultraderecha). También con el fin de conseguir a toda costa el feudo andaluz para presentarlo como su gran triunfo. Quizá quisieran tapar (el PP ha perdido varios escaños respecto a elecciones anteriores) que sus cabezas de cartel carentes líderes carismáticos por lo que las negociaciones con la ultraderecha se llevaron a cabo en sus sedes centrales, por sus líderes nacionales y fuera de Andalucía. Con ese pacto han puesto en el mapa a un Vox que ha alcanzado publicidad en toda esta España nuestra en permanente, continua y cansina campaña electoral.

Publicado el martes 15 de enero de 2019 en LA NUEVA ESPAÑA

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2019/01/15/negativo-peligroso-negociable/2410882.html

 

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Ábalos y la isla de Asturias

LIBREPENSADORES

Para que el ministro no se haga el sordo ante la situación de las infraestructuras

“Ábalos revelará el ancho de vía de la Variante el jueves en su visita a Asturias”. Así titulaba en noviembre el diario La Nueva España la solución al misterio de la conexión ferroviaria que enlazará el Principado con el resto de España. Un acertijo más para los asturianos que se sienten ninguneados y aislados por tierra, mar y aire. Y es que el tren, como ocurre en Extremadura, llega a la comunidad por una estructura ferroviaria del siglo XIX; la autopista del mar que conectaba Gijón con Europa sigue cerrada desde 2014; las líneas aéreas, que enlazan el aeropuerto de Santiago del Monte con España y Europa, ponen y quitan trayectos y precios –hasta 800 euros ida y vuelta a Madrid o Barcelona– cada poco y a su antojo impidiendo a los viajeros poder programar sus vuelos, de negocios o de placer; la conexión por carretera es casi obligada por una autopista de peaje, una privada concesión prorrogada tres décadas los últimos días de Gobierno de José María Aznar. Es decir, entrar o salir de la patria del innovador Jovellanos es problemático y costoso, se intente por donde se intente.

Asturias es una isla, no solo en sentido geográfico, sino también en sentido político. Como Extremadura. Si las comunicaciones geográficas entre Asturias y el resto de España son anticuadas, las políticas son más bien negativas. Seis de los dieciocho titulares que han ejercido el cargo en el Ministerio de Fomento desde la implantación de la democracia a finales de 1978 han especulado sin recato con la comunicación ferroviaria entre el Principado y el Reino: la llamada Variante de Pajares. Después de tres lustros de trabajos, parones y promesas, esta línea sigue sin funcionar y al paso que va se puede quedar anticuada tras los varios miles de millones de euros invertidos en la obra. Mientras tanto la alta velocidad sigue sin llegar a la “tierrina”, a donde se accede por una obra de ingeniería del siglo XIX (1880-1884). Ancho ibérico, ancho internacional, triple hilo, discusiones y cambios según cada partido, y la “casa sin barrer”.

El jueves 15 de noviembre visitó por fin el Principado el ministro de Fomento José Luis Ábalos, una comunidad gobernada por el mismo partido que el Gobierno central pero con dirigentes enfrentados. Aunque esto casi es lo de menos. Ábalos es el sexto titular del departamento desde que se decidió construir la Variante. Aprobadas cuando Francisco Álvarez Cascos estaba al frente del Ministerio, las obras se iniciaron en 2005. Desde entonces Magdalena Álvarez, José Blanco, Ana Pastor e Íñigo de la Serna prometieron, visitaron e inauguraron tramos sin concretar nunca una fecha definitiva de finalización de obras, su previsible entrada en funcionamiento, ni siquiera concretaron el ancho de vía después de trece años de una construcción polémica a cada paso. Y solamente tratándose de la travesía bajo la cordillera porque, con el AVE a la puerta, Asturias seguirá sin alta velocidad sine die. La última fecha anunciada para que se inicie el acceso por el nuevo trazado habla de 2021 cuando la obra estaba programada para 2010. Hasta ¿entonces? los trenes circularán entre Busdongo (León) y Puente los Fierros (Asturias), distanciadas una treintena de kilómetros, bajo 63 túneles, lo que representa aproximadamente una hora de viaje.

Pero si esto es grave sin duda, siendo Asturias una de las provincias con más kilómetros de trazado de cercanías (370 kilómetros en nueve líneas con 156 estaciones), es posiblemente la que mayores problemas tiene en este tipo de ferrocarriles. Su abandono es tal que cada año pierde viajeros en porcentajes de dos cifras. Ha pasado de cinco a menos de dos millones en poco más de un decenio, unos 300.000 por año, “porque no hay fiabilidad en un servicio que es deficiente”, no se renueva material, se suspenden varios trenes cada día por heladas de la catenaria, piedras en las vías, falta de personal y los reiterados retrasos obligan al habitual viajero a desistir y utilizar el vehículo privado para acudir al trabajo. Existen tramos en que los trenes circulan a entre 20 y 30 km/h como precaución ante el deterioro del trazado. Un ferrocarril que sería un complemento ideal al mapa de sinuosas carreteras a que obliga la orografía de una comunidad donde en las primeras nevadas se cierran al tránsito una veintena de puertos de montaña.

En fin, el trato oficial en materia de infraestructuras y comunicaciones que sobrelleva Asturias es insoportable, una provincia donde una autovía de unos 250 kilómetros de largo por la zona orográfica más llana ha tardado en construirse más de 25 años, una provincia que ha sufrido varias reconversiones, que ha visto desmanteladas sus industrias minera y siderometalúrgica y su ganadería e intenta buscar para vivir el recurso del turismo, un turismo que encuentra múltiples y numerosas dificultades para su acceso al verde Paraíso Natural. Cerrada la autopista del mar –que conectaba con un considerable ahorro para turistas y transportistas el noroeste industrial español con el oeste industrial europeo– hace cinco años y casi sin comunicaciones aéreas, el Principado de los renombrados y universales premios es una comunidad que ha de esperar una “revelación” del decimoctavo ministro de infraestructuras en los 40 años de democracia para saber si algún día será europea.

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Publicado el sábado 12 de enero de 2019 en INFOLIBRE.es

https://www.infolibre.es/noticias/club_infolibre/librepensadores/2019/01/12/abalos_isla_asturias_90678_1043.html

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Barru sigue igual, una aldea rural

El empeño de considerar a la pequeña aldea llanisca en núcleo urbano

Seguimos igual. Barru no puede considerarse urbano, un pueblo con sólo un centenar de habitantes permanentes, la mayoría de ellos pensionistas del campo, donde ni siquiera hay una tienda para comprar el pan, ni leche, sal, algo para comer; un pueblo sin calles, ni escuela o médico o farmacia, sin autobús ni taxi, una aldea sin ningún servicio esencial para una vida urbana. No tiene ni alcalde pedáneo (esto lo dice todo) y ni siquiera es un pueblo «dormitorio». ¿Qué intereses ocultos hay para que se empeñen, corporación tras corporación, plan urbanístico tras plan urbanístico, en declarar a Barru núcleo urbano? Una aldea rural poblada mayoritariamente por campesinos donde, para sobrevivir, han de utilizar su transporte privado pues han de salir del pueblo para realizar la mínima compra existencial.

Ha cambiado el gobierno municipal, oficiosamente se ha desalojado la presunta corrupción del Ayuntamiento, se ha
contratado un distinto equipo redactor para el planeamiento general pero se insiste en contemplar un pueblo rural como
núcleo urbano. Parece que la lucha de los vecinos contra los tres planes anteriores, los tres desautorizados por las más altas
autoridades judiciales, sigue sin ser escuchada. La insistencia en declarar urbano un lugar sin ninguna característica urbanística obliga a pensar que algo hay tras esa insistencia. O es que los técnicos redactores del Plan de Ordenación no han pisado sus caminos, por donde apenas circulan -fuera de las tres carreteras locales que la circundan- una docena de coches en meses no veraniegos. También pudiera ocurrir que se hayan imbuidos éstos del espíritu de los autores de anteriores planes que llegaron a idear un paraíso terrenal con tranvías, parques y circunvalaciones que hacían del concejo llanisco una conurbación con aires parecidos a los emiratos del golfo Pérsico.

Posiblemente quieran sacar rentabilidad a la joya de la corona, iglesia, ensenada y playa únicas, semiabandonada por los
diversos estamentos administrativos. Porque declarar urbano este lugar solamente puede ser considerado para elevar las tasas municipales y algunas tarifas comerciales que, si se define el pueblo como rural, son mucho menores. A lo mejor, si caemos en la ingenuidad, podríamos pensar que a partir de entonces nos van a barrer las calles, regarlas, poner aceras, una plaza de taxi, un centro de salud, con servicio farmacéutico y enfermería, un despacho municipal para tramitaciones -con un día a la semana nos valdría-, alguien que atienda a nuestra antigua escuela-casa de la cultura-centro social… servicios iguales a los que disfrutan los residentes y establecimientos del casco urbano de Llanes.

No, Barru no cuenta para las administraciones y quieren que cuente para la hacienda municipal cuando no nos hacen el
mínimo caso. Hemos negociado, rogado unos pasos peatonales en viales por el gran peligro que representa atravesarlos en la
vida diaria, más en verano. Ni caso. Ninguna administración. Hemos solicitado aceras en tramos de carretera cercanos a la
concurrida playa. Ni caso. El Gobierno del Principado aprobó y presupuestó una rotonda en una de las salidas del pueblo, un
cruce lleno de peligro; han pasado diez años y seguimos sin ella.

Decíamos el pasado mayo cuando LA NUEVA ESPAÑA informaba sobre el borrador del plan donde se señalaba a esta
aldea como núcleo urbano o “núcleo complejo” que “zona rural es la que no cuenta con las dotaciones, infraestructuras y
servicios requeridos del núcleo urbano” y señalábamos que Barru, para el Ayuntamiento, ni siquiera es una entidad que deba
tener alcalde pedáneo. Y que es curioso que se le clasifique como “núcleo complejo” sin dotarlo de los servicios más necesarios e imprescindibles en pleno siglo XXI quizá para que esas dotaciones “no rompan la armonía del paisaje natural y rural”.

Publicado el sábado 29 de diciembre de 2018 en las páginas de Oriente de LA NUEVA ESPAÑA

https://kiosco.lne.es/visor.html?aWRFamVtcGxhcj00NzU3NA==

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¿Quiénes fomentan los populismos?

Los mismos partidos que falsamente los denuncian y la verborrea de sus líderes

No pretendo descubrir la pólvora. Simplemente respondo a la pregunta que se hace mucha gente: ¿quiénes fomentan los populismos? Los mismos partidos que los denuncian. Y la verborrea de sus líderes, esa facilidad de palabra que muchas veces han de rectificar. Más razones: el hecho de que no ejecutan lo que predican cuando no están con el mando, cuando no gobiernan. Luego se quejan de los posibles y previsibles desmanes que realizan esos populismos con el poder que les otorgan los votos. Otra pregunta: ¿Sigue siendo válida la escala izquierda-centro-derecha? La respuesta es sí, pero quienes la niegan no quieren ser clasificados en cualquiera de las tres posiciones. La realidad es que existen matices, por supuesto, las cosas no son blancas o negras netas. Pero la ambigüedad obliga menos a cumplir las manifestaciones de campaña.

La historia reciente del populismo comienza ya hace unas décadas. No surgió con el 15-M y sus réplicas mundiales, como sugieren algunas fuentes. Podríamos remontarnos a los años ochenta del pasado siglo para no ir más lejos: se presenta la candidatura a la presidencia de Francia de un payaso, Michel Colucci, conocido como Coluche, que se declara cansado de la «exclusión social», de la crisis sufrida por los franceses tras los conflictos petrolíferos de 1973 y 1979 y la presunta corrupción del presidente Giscard d’Estaing recibiendo regalos del dictador centroafricano Bokassa. Mientras alcanzaba el 25% de los votos previstos el socialista François Mitterrand, según las encuestas, el 13% los conseguiría Coluche, quien pedía el sufragio a «vagos, sucios, alcohólicos, mujeres, jóvenes, viejos, locos, maricones, drogadictos, bolleras, artistas, peatones, árabes, negros, presos, franceses, melenudos, aprendices, peatones, travestis, excomunistas, abstencionistas convencidos y todos los que no cuentan para los políticos». Todo un programa, parecido al del M5S, el Movimiento 5 Estrellas italiano del humorista Beppe Grillo y el teórico informático Gianroberto Casaleggio, ya fallecido, quienes décadas después, se autodefinían contrarios al sistema político tradicional, euroescépticos y ecologistas y marcaban sus cinco «stelle» en transporte, desarrollo, conectividad, agua pública y medio ambiente. Coluche no triunfó pero el M5S cogobierna en Italia junto a la ultraderecha.

Llegados a este punto lo fácil es decir que rompen el bipartidismo. Los duopolios Demócratas/Republicanos, Nueva Democracia/PASOK, Cristianodemócratas/Socialdemócratas, Socialistas/Republicanos, Laboristas/Conservadores o Populares/Socialistas -según el país- se fueron quebrando y hoy el panorama va cambiando Estado por Estado. Trump, Macron, Bolsonaro, Conte/Salvini, Tsipras han roto la alternancia y representan unos gobiernos «antisistema» o «asistema». Ya no importa si son de derecha o de izquierda, suponen una salida fuera del establecimiento, los apoyan descontentos de todo el arco iris político. Pero se refugien bajo las siglas que se refugien, tienen su tendencia político-económica más o menos pública. Pronto demuestran si son de derecha o de izquierda.

Porque los apolíticos no existen. Los nuevos movimientos pueden surgir sin cabezas visibles, sin direcciones definidas, pero pronto practican su conservadurismo o progresismo. O muestran contra quienes van, concretan su oposición a uno o todos los partidos y terminan como otro partido más. Las presumidas ambigüedades acaban deshaciéndose y apuntando a uno u otro lado. Puede haber una flexibilidad en función de la conducta de los adversarios pero las posiciones son fácilmente situables. Y en España se definen como extremos a quienes en Europa ocupan izquierda o derecha realmente mientras el vaivén se concentra en el centro, donde cada uno tiene nombre y apellido (centro-derecha, centro-izquierda) que le inclina hacia un flanco u otro de arco. Movimientos sin cúpula visible como el de los «gilets jaunes» franceses -que ya tienen imitadores en Oviedo y Gijón- suelen durar poco antes de definir un camino o un cabecilla que los dirija. Al principio pueden ser un «electroshock» para la sociedad, como los calificó el músico galo Jean-Michel Jarre.

Publicado el miércoles 19 de diciembre de 2018 en LA NUEVA ESPAÑA y tres periódicos más

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2018/12/19/fomentan-populismos/2399007.html

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La paradoja de Madrid Central, el sistema P+R y la Unión Europea

La puesta en marcha de la lucha contra la contaminación y algún paliativo

Una artificial polémica se ha levantado con la puesta en marcha de «Madrid Central», el área propuesta por el Ayuntamiento de la capital para empezar a luchar efectivamente contra las contaminaciones de gases, ruidos y especulaciones frente al medio ambiente. La mayoría está contra el deterioro que sufre el centro de la ciudad y la oposición a la implantación de las restricciones es principalmente política.

Tenía que llegar pero el establecimiento del área «Madrid Central» implantado por el Ayuntamiento que preside la magistrada Manuel Carmena ha descubierto una paradoja: quienes más se oponen a la medida que limita o restringe el tránsito de vehículos por el centro de la capital son personas de los municipios adyacentes. Por supuesto que la oposición representada en el consistorio ha rechazado la medida pero en esta época de ruido político entra dentro de la normalidad. Sin embargo, quienes residen en municipios periféricos a la gran urbe son los que más protestan. Los razonamientos son variados y algunos no parecen precisamente argumentos razonados.

Vecinos de poblaciones con conexión directa con el centro de Madrid a través del servicio metropolitano, el metro, de ferrocarriles de cercanías, y hasta de la alta velocidad española, el AVE, han sido quienes más rápido han manifestado el perjuicio que les causa no poder llegar al centro de la ciudad en vehículo privado. Mientras tanto los residentes en los barrios madrileños aprueban mayoritariamente la mejora y sólo los partidos de la oposición han salido a declarar su postura en contra. A pesar de que la iniciativa madrileña es muy inferior en restricciones a las de la mayoría de las capitales europeas y que Madrid no es la primera ciudad española en establecer esta medida ambiental.

La concejala responsable de su implantación, Inés Sabanés, señalaba a los medios informativos que «Madrid Central es fruto de tres años de trabajos durante los que hemos contado con los mejores expertos y la colaboración de la Universidad. Alberto Ruiz-Gallardón aprobó en 2006 -siendo alcalde- la implantación de una medida similar para 2010 y todavía estamos esperando». Según la delegada de Movilidad y Sostenibilidad del municipio madrileño, su departamento se ha reunido varias veces ya con los «hombres de verde» de la UE a los que el consistorio debe dar cuenta cada dos meses de la implantación de las medidas. «Cuando accedimos al gobierno municipal ya estaba abierto un procedimiento de infracción contra España por la contaminación de Madrid y Barcelona. La UE rechazó los planes que presentó Ana Botella entre 2013 y 2015 porque no solucionaban nada», dijo Sabanés. Con esta iniciativa y los planes similares del municipio de Barcelona, «España ha conseguido una moratoria que le permite liberarse de una posible demanda ante los tribunales comunitarios» ya que está sometida a un control estricto para reducir la contaminación un 23% en 2020.

Además, como publicaba días pasados LA NUEVA ESPAÑA, en el anteproyecto de ley que redacta el Ministerio para la Transición Ecológica para combatir el cambio climático se dispone que «todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán establecer zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023», lo que significará que entran en esa obligación Oviedo, Gijón, Avilés y el extenso municipio de Siero.

Quienes se oponen a las medidas tomadas en Madrid no tienen en cuenta la alta contaminación ni los atascos en la circulación viaria y centran sus argumentos en la dificultad para acceder a oficinas y centros administrativos regionales (el Gobierno de la Comunidad ha recurrido a los tribunales). Y Madrid es una ciudad con muchos y diferentes sistemas de movilidad: la cruzan trece líneas de metro, de las que siete tienen más de treinta estaciones en la almendra Madrid Central, donde hay 23 aparcamientos con 4.767 plazas y otras 9.570 están previstas; más de doscientas líneas municipales diurnas de autobús y 27 nocturnas, además de 395 paradas de taxi en sus veinte distritos y siete líneas de ferrocarril de cercanías con alguna estación en el centro y una del AVE. Es decir, de récord.

Un estamento que emite su queja es el de los hoteleros, otro el del comercio. En España ciudades como Vitoria, Málaga o Pontevedra han resuelto hace años el problema. Grandes urbes europeas hace tiempo que han establecido medidas restrictivas, algunas caras para el ciudadano, como Londres, que cobra más de 12 euros por entrar en el centro. Soluciones hay muchas. Por ejemplo, el tranvía del que disponen quienes llegan a la capital vasca para acceder al casco antiguo desde el aparcamiento disuasorio. Numerosas ciudades europeas -Barcelona entre ellas- utilizan el sistema Park and Ride (P+R), es decir, aparcamiento y transporte público barato o gratis al centro desde las afueras, donde proliferan ya muchos centros comerciales y hoteleros (https://www.lne.es/opinion/2010/11/01/pr-buen-sistema-transporte-urbano/988407.html). Los precios son políticos, muy baratos y completamente disuasorios, antiestrés, antiatascos, anticontaminación, verdes y sostenibles para arcas municipales. Una buena red de transporte público es esencial. Otro método es el que utilizan en Málaga, por ejemplo. Las mercancías se acercan a destino en el casco peatonal, pleno de comercios con buenas ventas, por medio de triciclos y vehículos eléctricos, sin ruidos, sin polución ni problemas de aparcamiento. Asturias, donde las alarmas medioambientales y el escaso reciclaje han saltado en sus grandes núcleos urbanos, debe estar preparada.

Publicado el jueves 13 de diciembre de 2018 en LA NUEVA ESPAÑA

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2018/12/13/paradoja-madrid-central-sistema-pr/2395761.html

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La quimérica Rotonda

La necesidad de glorietas para distribuir el tráfico en varios cruces de Llanes

Diez años han pasado desde que fue presupuestada pero sigue sin ser construida. La rotonda que programó el Gobierno del Principado en el año 2008 para salvar la confluencia de las vías AS-263 con la LLN-11 y la LLN-8 (entre La Cábila, en Celoriu, el Acebu de Balmori-Barru, y la entrada hacia Porrúa) tenía concedida una dotación de 900.000 euros para su construcción. La carretera (LLN-11) fue bien reformada años después, en posterior legislatura, añadiéndole una acera que alivia el paso de peatones ya que forma parte del Camino del Norte, en la Ruta Jacobea, pero el peligroso cruce ni se tocó. Está al borde de una curva que oculta la circulación en un sentido de la vía principal. El riesgo sigue existiendo, aumenta en los muchos días de niebla que proliferan en esta época del año y sobre todo en los meses estivales, cuando se multiplica el tránsito con la llegada del turismo. Salir de Barru continúa siendo bastante comprometido.

El Gobierno de Vicente Álvarez Areces aprobó la construcción de una rotonda en el punto de coordenadas 43o25′ Norte con 4o 49′ Oeste, aproximadamente en el kilómetro 23,200 de la mencionada AS-263. Informaron del hecho los diarios asturianos, principalmente LA NUEVA ESPAÑA en páginas de la edición del Oriente.

Unos tres años después de que finalizase su mandato sin haberse iniciado la obra llegó a la presidencia Francisco Álvarez-Cascos. El nuevo Gabinete autonómico anuló la construcción de la rotonda y el peligro permaneció hasta nuestros días. En el mismo término parroquial de Celoriu y dentro del kilómetro 23 de la misma carretera existe otra confluencia de vías -la LLN-9 desemboca en la AS-263-, donde unos metros antes existe un semáforo para cruzarla a voluntad de los viandantes que apenas influye en el tránsito que proviene de occidente. Tiene la característica añadida de que la incorporación de la vía local a la provincial es una corta pero pronunciada pendiente que hace más difícil la entrada de los vehículos que salen de Celoriu hacia Llanes. Necesitaría otra rotonda o el traslado del semáforo hasta el cruce para evitar el riesgo de accidente. Es decir, segundo peligro para los coches que intentan entrar en la carretera provincial, antigua carretera nacional. También aquí es necesaria una rotonda.

Si tenemos en cuenta que los pueblos de las parroquias de Barru y Celoriu son el cogollo de la atractiva costa de Llanes, imán del turismo de la zona, la construcción de unas rotondas que apenas necesitan una gran obra es esencial. Y completamente necesaria.

No sólo facilitan el acceso a esos lugares y sucesivas playas, sino que evitan los frecuentes accidentes que se producen en ambas confluencias viales. Coincide este segundo cruce además con una parada de autobús interurbano que dificulta la visión de los automóviles que se incorporan a la antigua carretera general.

La reivindicación de estas rotondas no es una cuestión nueva ya que entre Posada y Llanes existen tres buenas distribuidoras del tránsito de vehículos, dos para acceder a los dos sentidos de la autovía E-70 o A-8, en las cercanías de El Acebu, y otra para incorporarse a la circunvalación de la villa antes de que la AS-263 se bifurque.

Además, la entrada a Barru por la LLN-10, desde Balmori, tiene la dificultad del alto de La Rotella, en las estribaciones de La Llera, donde varios camiones han quedado atrapados los últimos meses en sus empinadas curvas, teniendo que ser restados por grúas especiales. Y es oportuna ya que el presupuesto para el próximo año aún no ha sido aprobado en la Junta del Principado.

Publicado el jueves 6 de diciembre de 2018 en las páginas de Oriente de LA NUEVA ESPAÑA

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/suscriptor/oriente-opinion/2018/12/06/quimerica-rotonda/2392217.html

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Política, ética y trabajo

De la ideología a la venta de armas a Arabia Saudí o el cierre de Vestas

La política, la ideología y el trabajo pueden ser incompatibles. Es una contradicción que se suscita con frecuencia. Sin embargo no es tenida en cuenta la mayoría de las veces. Hoy contemplamos varios ejemplos ilustrativos de ese choque que rompe promesas políticas, plantea problemas éticos, impugna tesis. Véase la venta de armas a Arabia Saudí, que salpica a la vez a distintas fuerzas políticas y de trabajo, o el cierre de la factoría leonesa de Vestas.

Tanto la ley como la ética exponen problemas ante la disyuntiva de vender o no armas a un receptor que las empleará para aniquilar a personas que dependen de un poder ideológico diferente. Gente que ha tenido la fatalidad de vivir en un lugar inadecuado o en un momento políticamente inoportuno. Esta situación se presenta ahora con los contratos de venta de armamento y buques militares a Arabia, en guerra más o menos declarada contra una facción de su vecino Yemen, país que se encuentra hoy en guerra civil. El rico estado contra el más pobre de los territorios del Oriente medio. Dos ideologías enfrentadas, dos situaciones económicas opuestas. Y principalmente, países donde los derechos humanos están lejos de ser practicados.

Una ley aprobada hace casi once años, en tiempos de un Gobierno socialista, la 53/2007, sobre el control de comercio exterior de material de defensa y doble uso, es concreta. Una proposición defendida por Gaspar Llamazares, que recibió 337 votos, todos los presentes en el pleno, denunció la venta de armas a países que vulneren los derechos humanos. La iniciativa partía de Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-El Verds, con una enmienda socialista. En su preámbulo se dice que «España, país plenamente comprometido en el impulso de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, y que ha apoyado decididamente en Naciones Unidas la propuesta para elaborar dicho Tratado, ha decidido adecuar su legislación sobre comercio exterior de material de defensa y de productos y tecnologías de doble uso». Y por unanimidad, el Congreso pidió al Gobierno español que no autorizase la exportación de armas cuando éstas puedan ser empleadas en acciones contra la paz, la seguridad para represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos.

La negativa a vender esas armas pondría en peligro otra operación y hacer que Arabia retire su contrato de construcción de cinco corbetas, lo que pone en riesgo los miles de puestos de trabajo del astillero que las arma. Arreglado o no el incidente, el hecho constata la controversia entre ideología y trabajo ya que a favor de la construcción de los buques se han manifestado tanto el Gobierno socialista de Andalucía como el alcalde de Cádiz, de Podemos, contraviniendo la ley. El desempleo le gana a la ética.

Pero si hablamos de ética también se plantea causa en la situación de la industria Vestas, cuya factoría de Villadangos del Páramo, en la provincia de León, será cerrada por la empresa danesa. Tras haber recibido doce millones y medio de euros en ayudas públicas, por parte del Gobierno central y de la Junta de Castilla y León y la cesión de terrenos en la localidad leonesa y otro millón para su planta soriana de Ólvega -que ya cerró en 2012-, se va. Según diversas publicaciones, esta multinacional obtiene beneficios, tiene otras factorías complementarias en Galicia y en Andalucía y después de despedir a 180 trabajadores -alegando el descenso de actividad-, ahora se propone olvidarse de las aportaciones de las administraciones y cerrar la planta en la que trabajan 362 empleados fijos. Vestas, fabricante de aerogeneradores, parece que abrirá una factoría en un país asiático, mientras España camina hacia la implantación de las energías renovables, gran parte obtenidas con esa maquinaria. Pero los sueldos y las condiciones laborales en la planta asiática son otra cosa. Ética y trabajo. Según la Academia, ética es el «conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona»; también la «parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores». Según la teoría política hay ética de la responsabilidad y ética de la convicción. ¿Dos éticas?

Publicado en LA NUEVA ESPAÑA EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2018/09/21/politica-etica-trabajo/2351466.html

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Siervos y esclavos del siglo XXI

La precariedad laboral y económica ya llega a todas partes en España

Unas cuarenta mil personas duermen en la calle en España, según el Ministerio del Interior. Trabajadores de la industria cárnica no disfrutan de vacaciones, no tienen Seguridad Social ni ningún otro derecho laboral, además de tener que aportar sus instrumentos de trabajo, relató un programa de televisión. Becarios en diversas profesiones trabajan gratis, algunos en condiciones tan precarias como se acusa en países del llamado Tercer Mundo. Las fuerzas policiales liberan cada año en España a cientos de mujeres obligadas a prostituirse. «Unos 27.000 jóvenes [asturianos] con estudios superiores viven en situación de «pobreza laboral» pese al inicio de la recuperación», destacaba una información de LA NUEVA ESPAÑA días pasados.

Son ejemplos de lo que la Real Academia define como «sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u obligación» en una acepción de «esclavitud». Mientras el término siervo se refiere a «persona completamente sometida a alguien o algo, o entregada a su servicio». Y estamos en Europa, la zona más civilizada del Planeta y en el siglo XXI. Y es que en el marco de la publicitada recuperación de la crisis los casos de precariedad laboral y económica se multiplican. Una empresa que utiliza «ciclomensajeros» ha anunciado que éstos también deberán contribuir a financiar «con un precio simbólico» su plataforma tecnológica. Y no es la única que aprovecha la «salida» de la crisis pues, según una denuncia de la Unión General de Trabajadores (UGT), otra de las compañías que se sirve de los repartidores ciclomotorizados se reserva un 10% de los 20 céntimos por kilómetro recorrido que abona a sus mensajeros, que no cobran el 21% del IVA de ese trabajo, han de pagar autónomos y 90 euros por la mochila para el transporte.

La medida anunciada es el nuevo paso que han de dar los nuevos siervos a quienes les cobrarán unos cuatro euros mensuales (alguna empresa de reparto ya cobra esta cuota) por prestar el servicio. Es decir, han de pagar por trabajar. O lo que es lo mismo, que quien trabaje para estas compañías ha de poner todo el material necesario para desempeñar su labor.

Si nos referimos a los becarios la situación es parecida. No han de aportar el material de trabajo en la mayoría de los casos, pero en algunos de ellos la dignidad está en juego. Si hace unos meses se conocía la situación de los aprendices de un estrellado restaurante cuyo propietario es conocido por su participación en programas televisivos, no es mejor el escenario en el que se mueven otros becarios de otro importante centro gastronómico. Jornadas laborales de diez o doce horas, residencia en un sótano con literas y servicios insuficientes, manutención impropia de una cocina de prestigio para la que trabajan?

Además, con motivo del 8-M, la jornada de denuncia de la realidad de las mujeres, se evidenciaron otras profundidades del estado laboral de nuestro país, caso de las «kellys», limpiadoras de hostelería, la discriminación de las estibadoras, la precariedad de los vigilantes de seguridad, trabajadores de la construcción, camareros, teleoperadores, jornaleros del campo (publicaciones alemanas mencionaban hace unos días a estos como «los nuevos esclavos de Europa»). El Papa Francisco, en el prólogo de «Poder y dinero», de Michele Zanzuchi, habla de «las nuevas formas de esclavitud», de «nuevas precariedades y esclavitudes», siervos…

Cada vez que algún miembro del Gobierno menciona la creación de miles de puestos de trabajo calla que en su mayoría desaparecen en días y no alcanzan el salario mínimo. Todo esto sin entrar en el tema de los inmigrantes que huyen de la miseria, las guerras y las persecuciones. La desaparición histórica de la esclavitud no representó la supresión de la condición de siervo.

Publicado el martes 26 de junio de 2018 en LA NUEVA ESPAÑA

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2018/06/26/siervos-esclavos-siglo-xxi/2308871.html

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Los roles de Puigdemont

El expresident de la Generalitat ejerce de actor, mago, monarca, caudillo y dictador

Los célebres «Inventos del TBO» alcanzan a la política. Bueno, ya las publicaciones de humor como «DDT» hicieron famosa la sección «Diálogos para besugos», que representaba muy bien a los políticos de la época, allá por mediados de la dictadura franquista. Nos lo recordaba Josep Maria Ruiz Simón hace unos días en el diario «La Vanguardia»: decía el filósofo que «Si lo que Puigdemont pretende hacer es una República independiente construyendo una monarquía absoluta desde el exilio, sería un invento realmente colosal, digno del profesor Franz de Copenhague». El enredo del pretendiente gerundense parece digno del imaginario inventor del antiguo tebeo.

Andan buscando los comentaristas un título, un papel, un rol para atribuir al ex president de la Generalitat de Catalunya. Se barajan distintas y variadas opciones: monarca, presidente de república, caudillo, mago, dictador, actor? Puede que sea alguna de ellas o varias a la vez. Dejemos al lector que otorgue el cargo que mejor le parezca, según la obstinación del personaje, su actuación ante el estado actual de Cataluña, la actitud de sus seguidores, el proceder de los demás políticos de esa comunidad, la táctica de su formación, la conducta de sus correligionarios, la posición de los distintos partidos políticos del Estado?

Actúa Carles Puigdemont como un monarca absoluto, dirigiendo la política catalana desde la larga distancia, como un rey gobernando desde otro país -como hiciera algún inefable «mandatario» africano de funesto recuerdo-, exigiendo reuniones en su castillo lejano o en sus pabellones de caza bruselense o berlinés. Sería de esperar que, de gobernar en el futuro, no se comporte como el monarca que ha sido históricamente considerado como el peor de los que ejercieron en el Reino de España, Fernando VII, tristemente apodado como «el Deseado».

Se proclama Carles Puigdemont como presidente de la república sin haber sido investido, huido de la justicia tras haberla proclamado sólo momentáneamente, una república independiente virtual que duró solamente unos ocho segundos, tras los cuales el mismo president la dejó en suspenso.

Su actitud actual es la de un caudillo al que sus adeptos siguen a ciegas sin meditar sobre la situación en la que se encuentra la comunidad a la que pretende gobernar. No atiende a las peticiones de sus colegas de otras formaciones para que se forme un gobierno que cumpla la legalidad y gobierne realmente. Y la tenacidad de su caudillaje no admite su práctica sustitución.

Tiene Puigdemont los poderes de un mago, de un ilusionista, de ese encantador que consigue que le sigan sin apreciar que su éxito no es real sino solamente una apariencia. Y logra hacer de su estancia en otro país todo un espectáculo.

Además, parece un gran actor. Y encarna perfectamente como tal. Porque ni gobierna ni deja gobernar, como en la obra del «Fénix de la Ingenios». Sería «El perro del hortelano», esa comedia palatina de Lope de Vega, publicada dentro de la titulada «Oncena parte de las comedias de Lope Félix de Vega Carpio» en el imperial Madrid de Felipe III, de hace precisamente cuatro siglos, en 1618.

Publicado en LA NUEVA ESPAÑA  el lunes 11 de Junio de 2018

http://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2018/06/11/roles-puigdemont/2301110.html