En España la Cámara Alta es un cementerio de elefantes. Todos prometen cambiarlo en la campaña electoral. ¿Lo harán?
Se lo propuso hace unos meses y ya lo ha conseguido. Matteo Renzi ha logrado la difícil tarea de reformar el Senado italiano. Aquí en España nadie se atreve. Nadie quiere coger el toro por los cuernos. Llevamos lustros hablando, señalando que el Senado no sirve para nada, no cumple la función que le otorgaba en 1978 la Constitución, pero nunca llega la hora de que cumpla su función, ser la cámara de las regiones. Y también llevamos lustros oyendo que hay que cambiar su composición con reales representantes de comunidades autónomas, pero nadie lo hace, no se atreven. Toda una legislatura elaborando un reforma y se cierra sin solución. El primer ministro italiano luchó hasta contra su partido y logró que la segunda cámara impida la gobernabilidad del país. La Cámara Alta de la República Italiana es aún conocida como la cámara de la ingobernabilidad. Al tener unas funciones similares a las de la Cámara de los Diputados pero al ser elegidos sus senadores de una forma mixta entre un sistema mayoritario y un sistema proporcional, al proceder muchos miembros como representantes de las regiones sin pasar por las urnas generales, impedía la formación de unas mayorías que facilitasen gobiernos estables. Un complicado sistema con primas y miembros vitalicios llevaba a la situación de contradicciones de las mayorías entre las dos cámaras que paralizaba la aprobación de bastantes leyes y el retraso en la implantación de otras. Renzi, tras meses de esfuerzo, ha conseguido una «cuasi eutanasia» legislativa en la Cámara Alta y el nuevo Senado no votará la confianza al primer ministro y tampoco decidirá sobre los presupuestos generales.
En España la supremacía del Congreso sobre el Senado no impide la gobernabilidad y la Cámara Alta es una especie de ratificación o simple corrección de lo decidido por la Cámara Baja, lo que no impide la aprobación de las leyes. Y en la práctica ni siquiera ejerce como cámara de primera lectura de la legislación autonómica o asamblea del equilibrio territorial. La máxima competencia que la Constitución le confiere solo es aplicable en casos muy extremos, como la «adopción de medidas para obligar a las Comunidades Autónomas al cumplimiento forzoso de sus obligaciones constitucionales y legales o prevenir su actuación cuando atente gravemente contra el interés general de España» (artículo 155.1, hoy tan de actualidad). O la adopción de medidas «para proceder a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales?» La realidad es que es un parlamento donde los partidos mantienen su «cementerio de elefantes». ¿Conseguirán cambiar algo los partidos emergentes?
Solamente es planteada la revisión de su funcionamiento, de sus cometidos o su desaparición cuando se aproxima una campaña electoral o cuando la tensión territorial se extrema por desequilibrios, caso actual de la financiación de las comunidades autónomas. Una ponencia para la reforma funcionó durante toda la legislatura que termina. Final aplazado. Los partidos aquí en España objetan con mayor o menor vehemencia su inoperancia pero ninguno, sobre todo el PP, se decide a asumir una solución de reforma, de transformación, la adecuación de su funcionalidad. Y esa modificación o evolución funcional no sería como la conseguida ahora por Renzi, que ha logrado casi su inutilidad autosufragada por los mismos senadores. Aquí solamente sería una oportuna adecuación a la Constitución.
Publicado en LA NUEVA ESPAÑA el jueves 26 de noviembre de 2015
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