Europa tiene ahora un difícil año para levantarnos la moral. Con esta frase terminábamos una descripción sobre el comprometido año preelectoral que tiene por delante Europa. Y en este contexto, a doce meses de los comicios los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado un paquete de medidas para luchar contra la evasión fiscal. Se supone que es un avance que fortalecerá la posición de los 27 en medio de la crisis que está dejando al Viejo Continente fuera de los primeros puestos del «ranking» político-económico mundial. Pero las autoridades continentales se tienen que aplicar no solamente en cuestiones de índole económico-fiscal, sino en política social y de derechos, así como en su gobierno interior y su representación práctica en el panorama internacional.
Porque se producen cada día hechos que muestran la debilidad de la Unión en bastantes puntos neurálgicos de su sistema democrático. Y ante el deterioro del Estado del bienestar que se produce en gran parte de sus estados miembros aumentan los brotes de autoritarismo, nuevos casos de reivindicación soberanista, demostraciones de discriminación y de fuerzas xenófobas. Los últimos disturbios en Estocolmo y la subida en votos de formaciones como el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) o los «grillos» y la Liga Norte italianos, la gran implantación que experimentan la griega Aurora Dorada, los Verdaderos Finlandeses, Demócratas Suecos y otros varios partidos húngaros, búlgaros o daneses, así como el nacimiento del alemán Alternativa, lo demuestran.
Las próximas elecciones al Parlamento europeo, que se celebrarán en el marco del Tratado de Lisboa ya en vigor, pueden acercar al ciudadano a una mayor intervención en las decisiones de la gobernación continental y desactivar ese germen poco democrático que crece en varios países de la Unión. También parece que debilitarán el patente bipartidismo que impera en la eurocámara entre populares y socialistas. Porque el nuevo Parlamento disfrutará de mayor poder, y además de elegir al presidente de la Comisión Europea se establece la llamada codecisión entre ejecutivo y legislativo continental. Asimismo, instituye la «iniciativa ciudadana», que podrá promover propuestas legislativas con el apoyo de un millón de ciudadanos de varios países; funcionará con mayorías calificadas (55% de estados y 65% de la población global), con un mandato acotado del presidente del Consejo Europeo por dos años y medio; tendrá más capacidad de actuación en justicia, libertad, seguridad y mejora en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia internacional.
El tratado introduce nuevos derechos civiles, políticos, económicos y sociales; establece que la Unión y los estados miembros actuarán conjuntamente con espíritu de solidaridad, y consolida como vicepresidente del Ejecutivo la figura del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para dar coherencia y presencia exterior de la UE e instaura una personalidad jurídica única.
En definitiva, el Parlamento que surja tras las elecciones del próximo año puede conseguir la supremacía de los poderes político y social sobre el económico o, al menos, un equilibrio entre ellos, además de mayor solidaridad entre los miembros, igualdad fiscal y cohesión entre los 500 millones de europeos.

Artículo publicado el 27 de Mayo de 2013 en LA NUEVA ESPAÑA