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La paradoja de Madrid Central, el sistema P+R y la Unión Europea

La puesta en marcha de la lucha contra la contaminación y algún paliativo

Una artificial polémica se ha levantado con la puesta en marcha de «Madrid Central», el área propuesta por el Ayuntamiento de la capital para empezar a luchar efectivamente contra las contaminaciones de gases, ruidos y especulaciones frente al medio ambiente. La mayoría está contra el deterioro que sufre el centro de la ciudad y la oposición a la implantación de las restricciones es principalmente política.

Tenía que llegar pero el establecimiento del área «Madrid Central» implantado por el Ayuntamiento que preside la magistrada Manuel Carmena ha descubierto una paradoja: quienes más se oponen a la medida que limita o restringe el tránsito de vehículos por el centro de la capital son personas de los municipios adyacentes. Por supuesto que la oposición representada en el consistorio ha rechazado la medida pero en esta época de ruido político entra dentro de la normalidad. Sin embargo, quienes residen en municipios periféricos a la gran urbe son los que más protestan. Los razonamientos son variados y algunos no parecen precisamente argumentos razonados.

Vecinos de poblaciones con conexión directa con el centro de Madrid a través del servicio metropolitano, el metro, de ferrocarriles de cercanías, y hasta de la alta velocidad española, el AVE, han sido quienes más rápido han manifestado el perjuicio que les causa no poder llegar al centro de la ciudad en vehículo privado. Mientras tanto los residentes en los barrios madrileños aprueban mayoritariamente la mejora y sólo los partidos de la oposición han salido a declarar su postura en contra. A pesar de que la iniciativa madrileña es muy inferior en restricciones a las de la mayoría de las capitales europeas y que Madrid no es la primera ciudad española en establecer esta medida ambiental.

La concejala responsable de su implantación, Inés Sabanés, señalaba a los medios informativos que «Madrid Central es fruto de tres años de trabajos durante los que hemos contado con los mejores expertos y la colaboración de la Universidad. Alberto Ruiz-Gallardón aprobó en 2006 -siendo alcalde- la implantación de una medida similar para 2010 y todavía estamos esperando». Según la delegada de Movilidad y Sostenibilidad del municipio madrileño, su departamento se ha reunido varias veces ya con los «hombres de verde» de la UE a los que el consistorio debe dar cuenta cada dos meses de la implantación de las medidas. «Cuando accedimos al gobierno municipal ya estaba abierto un procedimiento de infracción contra España por la contaminación de Madrid y Barcelona. La UE rechazó los planes que presentó Ana Botella entre 2013 y 2015 porque no solucionaban nada», dijo Sabanés. Con esta iniciativa y los planes similares del municipio de Barcelona, «España ha conseguido una moratoria que le permite liberarse de una posible demanda ante los tribunales comunitarios» ya que está sometida a un control estricto para reducir la contaminación un 23% en 2020.

Además, como publicaba días pasados LA NUEVA ESPAÑA, en el anteproyecto de ley que redacta el Ministerio para la Transición Ecológica para combatir el cambio climático se dispone que «todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán establecer zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023», lo que significará que entran en esa obligación Oviedo, Gijón, Avilés y el extenso municipio de Siero.

Quienes se oponen a las medidas tomadas en Madrid no tienen en cuenta la alta contaminación ni los atascos en la circulación viaria y centran sus argumentos en la dificultad para acceder a oficinas y centros administrativos regionales (el Gobierno de la Comunidad ha recurrido a los tribunales). Y Madrid es una ciudad con muchos y diferentes sistemas de movilidad: la cruzan trece líneas de metro, de las que siete tienen más de treinta estaciones en la almendra Madrid Central, donde hay 23 aparcamientos con 4.767 plazas y otras 9.570 están previstas; más de doscientas líneas municipales diurnas de autobús y 27 nocturnas, además de 395 paradas de taxi en sus veinte distritos y siete líneas de ferrocarril de cercanías con alguna estación en el centro y una del AVE. Es decir, de récord.

Un estamento que emite su queja es el de los hoteleros, otro el del comercio. En España ciudades como Vitoria, Málaga o Pontevedra han resuelto hace años el problema. Grandes urbes europeas hace tiempo que han establecido medidas restrictivas, algunas caras para el ciudadano, como Londres, que cobra más de 12 euros por entrar en el centro. Soluciones hay muchas. Por ejemplo, el tranvía del que disponen quienes llegan a la capital vasca para acceder al casco antiguo desde el aparcamiento disuasorio. Numerosas ciudades europeas -Barcelona entre ellas- utilizan el sistema Park and Ride (P+R), es decir, aparcamiento y transporte público barato o gratis al centro desde las afueras, donde proliferan ya muchos centros comerciales y hoteleros (https://www.lne.es/opinion/2010/11/01/pr-buen-sistema-transporte-urbano/988407.html). Los precios son políticos, muy baratos y completamente disuasorios, antiestrés, antiatascos, anticontaminación, verdes y sostenibles para arcas municipales. Una buena red de transporte público es esencial. Otro método es el que utilizan en Málaga, por ejemplo. Las mercancías se acercan a destino en el casco peatonal, pleno de comercios con buenas ventas, por medio de triciclos y vehículos eléctricos, sin ruidos, sin polución ni problemas de aparcamiento. Asturias, donde las alarmas medioambientales y el escaso reciclaje han saltado en sus grandes núcleos urbanos, debe estar preparada.

Publicado el jueves 13 de diciembre de 2018 en LA NUEVA ESPAÑA

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2018/12/13/paradoja-madrid-central-sistema-pr/2395761.html

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La memoria del último negro amanecer

Los olvidos de Miguel Ángel Aguilar sobre el último fusilamiento de la dictadura

Publica estos días el periodista Miguel Ángel Aguilar su relato de aquel último fusilamiento de la dictadura, el 27 de septiembre de 1975, ocho semanas antes de la muerte de Francisco Franco. Fue el estertor de una larga noche bajo la dominación de quien negó la libertad a los españoles. Han pasado cuarenta y tres años de aquella fecha y la memoria de quienes la vivimos parece que se empieza a tambalear. Al menos para algunos.

Consejos de guerra sumarísimos habían condenado a la «pena máxima», a pena de muerte, a once jóvenes radicales que combatían la larga dictadura instituida por el general Franco y un grupo de jefes militares que habían vencido en la fratricida guerra iniciada en 1936 con su levantamiento contra la República Española. Los condenados eran militantes de ETA y del Frente Revolucionario Antifascista Patriótico (FRAP) que habían perpetrado varios atentados terroristas y asesinado a miembros de las fuerzas de seguridad. De los once sentenciados a muerte (varios otros habían sido condenados a penas de reclusión mayor), seis fueron ejecutados por fusilamiento y a cinco les fue conmutada la pena máxima por la de reclusión mayor.

El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre conmutó la condena a muerte de unos y la ratificó («se dio por enterado», según la terminología oficial) de otros. Entre los conmutados figuraba Manuel Blanco Chivite, con el que coincidí en algunas asignaturas en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Tres de los condenados serían fusilados en una localidad madrileña, otro en Burgos y otro en Cataluña. La tarde de ese viernes, ratificadas las penas y desatendidas las solicitudes de clemencia de personalidades y organismos nacionales e internacionales, periodistas de distintos medios acudimos a la prisión madrileña donde habían concentrado a los condenados -José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz- para cubrir la información de las previsibles ejecuciones.

Tras una larga y penosa noche, con la dolorosa incertidumbre de ignorar la forma de muerte y el lugar donde se produciría, los reporteros nos apostamos a las puertas de la cárcel ante la falta de comunicación de los responsables militares con el fin de recabar cualquier dato que pudiese desprenderse de las entradas y salidas de abogados, familiares y funcionarios al recinto. Amanecía el sábado 27 cuando a los familiares de los condenados les comunicaron que fuesen a retirar los cadáveres al cementerio de Hoyos de Manzanares, a poco más de 30 kilómetros al norte de Madrid. Dos o tres coches con periodistas siguieron a la macabra caravana por una carretera bordeada de miembros de las fuerzas de seguridad. En el Mini de Miguel Ángel Aguilar, de la revista «Posible», cupimos Román Orozco, de «Cambio16», Friedrich Kasseber, del «Süddeutsche Zeitung», Manuel Alcalá, de «Informaciones» (https://linz.march.es/Documento.asp?Reg=r-49840), y quien esto firma, de «Nuevo Diario», a quienes Alcalá llamaba con ironía los Martín Ferrand Brocasting ya que disponíamos -no existían los teléfonos móviles- de un artilugio para ser requeridos por la redacción en cualquier lugar, aunque apenas servía para nada.

Han pasado más de cuatro décadas, han cambiado mucho las cosas y la memoria falla. Casi no hubo crónicas de los sucesos de aquel sábado de septiembre pues la censura reprimía el relato de lo ocurrido. Contar hoy los hechos de ese nefasto día significa olvidarse de muchas cosas, entre otras de quienes estuvimos en Hoyo de Manzanares aquella mañana en la que ninguno pudimos presenciar los fusilamientos. Algún relator llegó a decir que muchos fueron los que se apuntaron como testigos de lo acontecido sin haber estado ni en la puerta de la prisión ni a la impedida entrada del campo de tiro de El Palancar. Tal es la desmemoria que algunos como el «historiador» Pío Moa, compañero en la Escuela de Periodismo y radical militante de izquierdas en aquellos tiempos, hoy niega la dictadura de Franco y la represión durante décadas.

Publicado el martes 11 de diciembre de 2018 en LA NUEVA ESPAÑA

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2018/12/11/memoria-ultimo-negro-amanecer/2394558.html

 

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La quimérica Rotonda

La necesidad de glorietas para distribuir el tráfico en varios cruces de Llanes

Diez años han pasado desde que fue presupuestada pero sigue sin ser construida. La rotonda que programó el Gobierno del Principado en el año 2008 para salvar la confluencia de las vías AS-263 con la LLN-11 y la LLN-8 (entre La Cábila, en Celoriu, el Acebu de Balmori-Barru, y la entrada hacia Porrúa) tenía concedida una dotación de 900.000 euros para su construcción. La carretera (LLN-11) fue bien reformada años después, en posterior legislatura, añadiéndole una acera que alivia el paso de peatones ya que forma parte del Camino del Norte, en la Ruta Jacobea, pero el peligroso cruce ni se tocó. Está al borde de una curva que oculta la circulación en un sentido de la vía principal. El riesgo sigue existiendo, aumenta en los muchos días de niebla que proliferan en esta época del año y sobre todo en los meses estivales, cuando se multiplica el tránsito con la llegada del turismo. Salir de Barru continúa siendo bastante comprometido.

El Gobierno de Vicente Álvarez Areces aprobó la construcción de una rotonda en el punto de coordenadas 43o25′ Norte con 4o 49′ Oeste, aproximadamente en el kilómetro 23,200 de la mencionada AS-263. Informaron del hecho los diarios asturianos, principalmente LA NUEVA ESPAÑA en páginas de la edición del Oriente.

Unos tres años después de que finalizase su mandato sin haberse iniciado la obra llegó a la presidencia Francisco Álvarez-Cascos. El nuevo Gabinete autonómico anuló la construcción de la rotonda y el peligro permaneció hasta nuestros días. En el mismo término parroquial de Celoriu y dentro del kilómetro 23 de la misma carretera existe otra confluencia de vías -la LLN-9 desemboca en la AS-263-, donde unos metros antes existe un semáforo para cruzarla a voluntad de los viandantes que apenas influye en el tránsito que proviene de occidente. Tiene la característica añadida de que la incorporación de la vía local a la provincial es una corta pero pronunciada pendiente que hace más difícil la entrada de los vehículos que salen de Celoriu hacia Llanes. Necesitaría otra rotonda o el traslado del semáforo hasta el cruce para evitar el riesgo de accidente. Es decir, segundo peligro para los coches que intentan entrar en la carretera provincial, antigua carretera nacional. También aquí es necesaria una rotonda.

Si tenemos en cuenta que los pueblos de las parroquias de Barru y Celoriu son el cogollo de la atractiva costa de Llanes, imán del turismo de la zona, la construcción de unas rotondas que apenas necesitan una gran obra es esencial. Y completamente necesaria.

No sólo facilitan el acceso a esos lugares y sucesivas playas, sino que evitan los frecuentes accidentes que se producen en ambas confluencias viales. Coincide este segundo cruce además con una parada de autobús interurbano que dificulta la visión de los automóviles que se incorporan a la antigua carretera general.

La reivindicación de estas rotondas no es una cuestión nueva ya que entre Posada y Llanes existen tres buenas distribuidoras del tránsito de vehículos, dos para acceder a los dos sentidos de la autovía E-70 o A-8, en las cercanías de El Acebu, y otra para incorporarse a la circunvalación de la villa antes de que la AS-263 se bifurque.

Además, la entrada a Barru por la LLN-10, desde Balmori, tiene la dificultad del alto de La Rotella, en las estribaciones de La Llera, donde varios camiones han quedado atrapados los últimos meses en sus empinadas curvas, teniendo que ser restados por grúas especiales. Y es oportuna ya que el presupuesto para el próximo año aún no ha sido aprobado en la Junta del Principado.

Publicado el jueves 6 de diciembre de 2018 en las páginas de Oriente de LA NUEVA ESPAÑA

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/suscriptor/oriente-opinion/2018/12/06/quimerica-rotonda/2392217.html

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Doce días de hace 40 años inútiles

Los incumplidos acuerdos firmados en 1978 entre Israel y Egipto en Camp David

Los Acuerdos de Camp David fueron la mayor aproximación a la paz en Oriente Medio en los últimos setenta años. El presidente estadounidense Jimmy Carter consiguió llevar a la residencia de descanso presidencial a dos teóricamente irreconciliables enemigos y logró ser intermediario de una negociación que hizo posible un momento de paz entre Israel y algunos de sus vecinos. Durante doce días de septiembre de 1978 negociaron a través suyo el presidente de Egipto, Anwar el-Sadat ,y Menajen Begin, primer ministro de Israel. Han pasado 40 años de retroceso.

Carter, a iniciativa del mandatario egipcio, acogió a ambos dirigentes con la condición de que hiciese de mediador y no negociasen cara a cara. Sadat no quería aparecer públicamente junto a Begin ya que no contaba con el visto bueno de otros mandatarios árabes. Las conversaciones tuvieron lugar en el primitivo campamento para recreo de familiares de agentes gubernamentales y hoy retiro vacacional de los presidentes, a un centenar de kilómetros de la Casa Blanca.

El entonces presidente de Estados Unidos -galardonado luego con el Nobel de la Paz por sus numerosas intermediaciones en contenciosos en todo el planeta (Corea, Oriente Medio, África, Latinoamérica)-, tras ganar las elecciones en 1976, inició una serie de contactos con dirigentes de Egipto, Jordania, Siria e Israel, además de representantes palestinos, para fortalecer las negociaciones que desde unos tres años antes se desarrollaban en Ginebra y que intentaban acabar con el conflicto de la zona, con dos guerras (Seis días y Yom Kipur) en poco más de cinco años. En septiembre de 1978 reunió a los dirigentes israelí y egipcio y tras doce días de reuniones secretas consiguió la firma de un pacto entre ambos, aunque puso en contra al resto del mundo árabe, incluidos los palestinos.

Por el acuerdo Israel abandonaría los territorios ocupados del Sinaí, desmantelaría las colonias establecidas allí y devolvía la soberanía a Egipto, que reconocería la existencia del Estado de Israel. También se restableció el paso de barcos por el Canal de Suez y se establecía un calendario y algunas competencias para negociar un régimen autónomo para Cisjordania y Gaza. El pacto de paz se firmó a los seis meses. Claro que en la práctica ha servido de poco. En 1982 Israel invadía Líbano para intentar aniquilar a la principal organización palestina, ocupación que duraría dieciocho años; cinco años más tarde los palestinos organizaban la primera Intifada; en 1991, meses después de la primera Guerra del Golfo y a iniciativa del Gobierno español, se celebró la Conferencia de Madrid donde se logró el principio de «paz por territorios», que avalaron EE. UU. y Rusia; dos años más tarde llegan los Acuerdos de Oslo y el primer ministro israelí Isaac Rabin y el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yaser Arafat, firman en Washington la Declaración de Principios que otorgaba autonomía a territorios de Gaza y Jericó.

Hasta el 2000 Israel siguió ocupando Líbano, año en que comienza la segunda Intifada mientras las hostilidades no cesan ya que, en nuevas conversaciones en Camp David, ahora con la mediación del presidente Bill Clinton, los dirigentes de Israel y Palestina no consiguen acordar el establecimiento del Estado Palestino. En todo este tiempo mueren los sucesivos dirigentes postulantes de subscribir la paz entre israelíes y palestinos (Rabin asesinado por un ultraderechista judío y Arafat enfermo en París), han cambiado los mandatarios de todos los países y organizaciones mediadores y la situación ha empeorado: en Israel, que incumple todas las resoluciones de las Naciones Unidas, gobierna hoy una coalición de partidos contrarios a la implantación de dos estados y mantiene un consentido, inhumano y férreo apartheid en los territorios palestinos.

Publicado el jueves 15 de noviembre de 2018 en LA NUEVA ESPAÑA

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2018/11/15/doce-dias-40-anos-inutiles/2380496.html

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Los beneficios de una ley del retorno

Las formas de reciclaje de los envases que mejoran el medio ambiente

Una ley del retorno representa un gran ahorro y un avance para desplazar el uso de plásticos, además de beneficios en la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué las llamadas a reciclar van dirigidas casi todas al consumidor? Propuestas y anuncios enfocan sus exhortaciones a particulares y parecen olvidarse de profesionales, industrias e instituciones. Creo que hay dos formatos de envases según sean para el industrial o para el comprador. Tras la obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico surgen iniciativas para reconducir el sistema hacia la recuperación eficaz, fácil y sostenible y entonces aparecen obstáculos legales. Por eso es necesaria una ley del retorno. El medio ambiente y el clima la reclaman.

La disparidad entre los destinos de los envases es un poco sorprendente. Cada mañana nos encontramos con camiones de reparto de bebidas a bares y restaurantes y vemos como los repartidores van ordenando los envases de vidrio en las cajas de suministro. Son botellas, botellines, frascos y otros recipientes que vuelven al fabricante o distribuidor para su nuevo uso. Son de marcas que normalmente recuperan envases y ahorran bastante dinero al no tener que comprar unos nuevos. Lo vemos en visitas hechas a factorías donde se embotellaban refrescos, vinos y cervezas y lo certifican muchos países de Europa.

Los viajes por el continente nos descubren que es habitual en países más avanzados o no respecto al nuestro, que existe el retorno, la devolución de envases a supermercados y entidades públicas con recuperación del coste del mismo, pagado ya al comprar el producto. Hecho que teníamos en España en tiempos menos opulentos. La ley de reciclaje aprobada por el Gobierno de Aznar no resuelve el retorno, que es un ahorro que beneficia a todos, productores y consumidores. Luego introdujo una nueva norma el Gobierno socialista en 2011 pero la eliminó después la mayoría absoluta del Partido Popular. El Gabinete de Pedro Sánchez tiene ahora la oportunidad de restablecer el retorno, como intentan comunidades autónomas y municipios, aunque parece que encuentran problemas en su reintroducción legal.

Lo paradójico es que mientras a bares y restaurantes les distribuyen envases de vidrio, el consumidor no encuentra más que plásticos y latas cuando acude al supermercado. Y no existe en las tiendas un sistema de recogida de envases vacíos. Para colmo, la mayoría de los contenedores de depósito de vidrios en España no son de retorno sino de recuperación de vidrio, que se rompe al caer dentro de la gran campana verde habilitada para la recogida. En Alemania la devolución del casco ya alcanza mayor porcentaje que el reciclado. Por otra parte, fuera de bebidas y contenidos líquidos, los envases y embalajes que proliferan en nuestros comercios son cada vez más lujosos, aparentes y voluminosos con el fin de atraer al comprador. Son auténticas matrioshkas o cebollas de cartón, papel o plástico que necesitas ir destapando por capas para llegar al contenido. Hasta muchos productos con el título de «ecológico» sufren de esta cartonitis.

También abunda en el nuevo comercio el sistema de bandejitas de poliestireno en sus diversas formas y sus distintos componentes, para presentar el contenido más limpio pero cuyo reciclaje es complicado y que la ciudad de Nueva York ya prohíbe su uso. En España prolifera hoy un nuevo tipo de supermercados, digamos que apellidados «&Go», especializados en comida preparada o lista para consumir que utiliza principalmente estos soportes, que hacen más rápido y fácil su envoltura para el dispensador pero que resulta difícil su reciclaje al consumidor.

En definitiva, aumentan notablemente los reclamos para que reciclemos pero cada día nos lo ponen más complicado. Retiran las bolsas de plástico pero siguen envasando todo en plástico prácticamente no reciclable, cada vez se emplea más el embalaje de poliestireno y el retorno es casi nulo en España.

Publicado el miércoles 26 de septiembre de 2018 en LA NUEVA ESPAÑA

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2018/09/26/beneficios-ley-retorno/2354096.html

 

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Política, ética y trabajo

De la ideología a la venta de armas a Arabia Saudí o el cierre de Vestas

La política, la ideología y el trabajo pueden ser incompatibles. Es una contradicción que se suscita con frecuencia. Sin embargo no es tenida en cuenta la mayoría de las veces. Hoy contemplamos varios ejemplos ilustrativos de ese choque que rompe promesas políticas, plantea problemas éticos, impugna tesis. Véase la venta de armas a Arabia Saudí, que salpica a la vez a distintas fuerzas políticas y de trabajo, o el cierre de la factoría leonesa de Vestas.

Tanto la ley como la ética exponen problemas ante la disyuntiva de vender o no armas a un receptor que las empleará para aniquilar a personas que dependen de un poder ideológico diferente. Gente que ha tenido la fatalidad de vivir en un lugar inadecuado o en un momento políticamente inoportuno. Esta situación se presenta ahora con los contratos de venta de armamento y buques militares a Arabia, en guerra más o menos declarada contra una facción de su vecino Yemen, país que se encuentra hoy en guerra civil. El rico estado contra el más pobre de los territorios del Oriente medio. Dos ideologías enfrentadas, dos situaciones económicas opuestas. Y principalmente, países donde los derechos humanos están lejos de ser practicados.

Una ley aprobada hace casi once años, en tiempos de un Gobierno socialista, la 53/2007, sobre el control de comercio exterior de material de defensa y doble uso, es concreta. Una proposición defendida por Gaspar Llamazares, que recibió 337 votos, todos los presentes en el pleno, denunció la venta de armas a países que vulneren los derechos humanos. La iniciativa partía de Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-El Verds, con una enmienda socialista. En su preámbulo se dice que «España, país plenamente comprometido en el impulso de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, y que ha apoyado decididamente en Naciones Unidas la propuesta para elaborar dicho Tratado, ha decidido adecuar su legislación sobre comercio exterior de material de defensa y de productos y tecnologías de doble uso». Y por unanimidad, el Congreso pidió al Gobierno español que no autorizase la exportación de armas cuando éstas puedan ser empleadas en acciones contra la paz, la seguridad para represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos.

La negativa a vender esas armas pondría en peligro otra operación y hacer que Arabia retire su contrato de construcción de cinco corbetas, lo que pone en riesgo los miles de puestos de trabajo del astillero que las arma. Arreglado o no el incidente, el hecho constata la controversia entre ideología y trabajo ya que a favor de la construcción de los buques se han manifestado tanto el Gobierno socialista de Andalucía como el alcalde de Cádiz, de Podemos, contraviniendo la ley. El desempleo le gana a la ética.

Pero si hablamos de ética también se plantea causa en la situación de la industria Vestas, cuya factoría de Villadangos del Páramo, en la provincia de León, será cerrada por la empresa danesa. Tras haber recibido doce millones y medio de euros en ayudas públicas, por parte del Gobierno central y de la Junta de Castilla y León y la cesión de terrenos en la localidad leonesa y otro millón para su planta soriana de Ólvega -que ya cerró en 2012-, se va. Según diversas publicaciones, esta multinacional obtiene beneficios, tiene otras factorías complementarias en Galicia y en Andalucía y después de despedir a 180 trabajadores -alegando el descenso de actividad-, ahora se propone olvidarse de las aportaciones de las administraciones y cerrar la planta en la que trabajan 362 empleados fijos. Vestas, fabricante de aerogeneradores, parece que abrirá una factoría en un país asiático, mientras España camina hacia la implantación de las energías renovables, gran parte obtenidas con esa maquinaria. Pero los sueldos y las condiciones laborales en la planta asiática son otra cosa. Ética y trabajo. Según la Academia, ética es el «conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona»; también la «parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores». Según la teoría política hay ética de la responsabilidad y ética de la convicción. ¿Dos éticas?

Publicado en LA NUEVA ESPAÑA EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2018/09/21/politica-etica-trabajo/2351466.html

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Una langosta en el verde mar

Un depredador cangrejo americano invasor acaba con la fauna del Llagu de Barru

La curiosidad que detenía a algunos paseantes, niños y adultos, la provocaban hasta hace poco los cuatro burritos negros que pastan por los prados circundantes de El Llagu. También se paraban los tantos peregrinos que caminan desde muy temprana hora por este tramo del Camino de Santiago entre la playa de Barru y el humedal que aún por el verano mantiene parte del agua. Pero desde hace unas semanas el aliciente ha cambiado, los perros ya no ladran a los jumentos negros que se acercan a buscar el pan que les tiran los niños. Ahora mucha gente se detiene ante unos bichos pequeños con antenas y unos brazos delanteros con tenazas puntiagudas que se atreven a atravesar la calzada y asustan a algunos viandantes.

“Mira mamá, una langosta” gritaba un chavalín al encontrar en plena acera a un cangrejo rojo americano de río que había saltado de la laguna y con sus tenazas abiertas y levantadas amenazaba a los viandantes. Unos metros más adelante y al otro lado de la carretera un joven le enseñaba a su angelito otra “langosta” rojo-oscuro mientras la apartaba con un palo hacia las hierbas para salvarla del abundante tránsito de vehículos que se dirigía hacia la playa. Mientras tanto, los vecinos y agricultores de la zona se alarman.

El Llagu es un humedal que aumenta y mengua en agua según la estación y que este año perdió poco líquido por las lluvias de primavera y julio. Se encuentra entre Llubeces, Las Cuartas, Los Barzaniellos y La Tabea. En él habitaban ranas, anguilas, tritones y distintos invertebrados que daban vida a su  contorno verde. Ni las urbanizaciones crecidas a su alrededor habían cambiado su estructura y su hábitat. Los respetan y hasta intentan protegerlos. Pero la paz parece que toca retirada.

Algún insensato, malintencionado, desaprensivo, ignorante ha echado un montón ejemplares de la especie de cangrejo rojo de río americano y las ranas han desaparecido, no hay anguilas ni tritones e ignoro si queda algún bicho por los alrededores. Esa clase de cangrejo es un gran depredador que ataca a todo lo que se le acerca que tenga vida. Ya no cantan las ranas ni las aves autóctonas o migratorias se acercan a pescar entre los pequeños animales que habitaban en la charca. Y acabada la fauna, los devoradores con tenazas puntiagudas se lanzan por los campos. Puede que hayan cazado ya a topillos, ratoncillos de campo, pequeñas culebras, escarabajos, gusanos y cualquier otro miembro habitual de la fauna campestre.

El temido invasor provoca daños por donde pasa; se comen todo, puestas de peces y anfibios, insectos, destrozan arrozales y campos sembrados. Siembran la desolación entre los agricultores y son dificilísimos de erradicar, se reproducen rápidamente, un desastre. Quienes conocemos algo de esta especie hemos cazado los que hemos visto y explicado a curiosos que son peligrosos para el hábitat. Nunca lo hubo en El Llagu pero aparecen cada día. Han entrado pescadores con redes y celebardos con el fin de acabar con ellos pero no conseguimos exterminarlos.

El Llagu de Barru, se le supone como laguna amparada por leyes medioambientales, está prácticamente aislado y su única conexión con otras zonas húmedas o el mar es por filtración. Por esa razón la única explicación apunta a la “repoblación” hecha por algún desaprensivo con aversión a su fauna: Ranas de San Antonio, tritones crestados (hermosas especies protegidas ambas), libélulas, escarabajos, mariposas y numerosos animales indefensos e inofensivos. Barru tiene una ría, El Bau, en la que viven cangrejos (cámbaros), variada fauna marina y pescadoras aves. Pero se encuentra lejos de El Llagu y sin atisbo de cangrejo rojo americano. Esa “langosta” en el mar verde de las praderas.

Publicado en las páginas de Oriente de LA NUEVA ESPAÑA el 5 de septiembre de 2018

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Los ecologistas piden un recorte en gasto ambiental

Entidades conservacionistas proponen hacerse cargo del medio ambiente

Los ecologistas piden al Gobierno que recorte en gasto ambiental. Así como suena. “Funcionarios públicos; miembros de entidades conservacionistas subvencionadas; ganaderos y pastores, empresarios que tenemos o hemos tenido contratos con la Administración Pública, proponemos que se nos recorte”. Con esta frase comienza la carta abierta por significados ecologistas al Gobierno de Pedro Sánchez, el primer ejecutivo con un específico Ministerio de Transición Ecológica. “Planteamos reducir a la mitad el presupuesto que se destina a la conservación de la naturaleza, contribuyendo con ello a facilitar el recorte de los 10.000 millones de euros anuales que habría que realizar en 2019 y 2020 para cumplir con la reducción del Déficit”. A continuación requieren “que la gestión del medio natural deje de ser monopolio de la Administración Pública y que ésta facilite el acceso a la política de conservación al sector social interesado en proteger y producir fauna amenazada”.

Los firmantes de la carta, entre los que se encuentran significados defensores del medio ambiente y experimentados gestores, argumentan que “Los ciudadanos forzaron hace décadas a la Administración a proteger la naturaleza” y ésta respondió cargando la gestión al contribuyente. Los recortes paulatinos en ese presupuesto amenazan hoy los logros alcanzados por lo que solicitan que no se recorte a cambio de nada. Piden al Gobierno asumir gestiones directas y que promueva cambios legislativos que permitan ubicar en el campo “un tejido social autónomo que ponga en valor y transforme en riqueza, económica y cultural, la expansión de lo salvaje”.

En el escrito, que será presentado el próximo mes en una conferencia multinacional en Berlín de la organización Wild Europa se manifiesta que el ofrecimiento “implica recolonizar el campo con un tejido productivo basado en la vida salvaje. Naturalistas, funcionarios reconvertidos en autónomos y conservacionistas–teletrabajadores internacionales, en alianza con habitantes del medio rural, podrían reducir a la mitad partidas de los Presupuestos, autogestionándolas y desarrollando otras innovadoras”. El plan, firmado en España por decenas de veteranos defensores de la naturaleza, supondría dar un giro de 180 grados a la política de conservación.

Aducen sus impulsores que “permitirá recolonizar el campo no rentable de España”, lo que significa unos 25 millones de hectáreas, la mitad del país, con la recuperación de herbívoros salvajes y también con sus depredadores. La labor la harían conservacionistas que “ayuden a reconvertir la economía de la ganadería subvencionada y la política de conservación, basadas ambas en los impuestos de los contribuyentes”. Para conseguirla promoverían una “red de poblados y una economía rentable basada en el teletrabajo y la fauna silvestre” con personas de empleo autónomo, “sometido a la supervisión y control del Estado”, y lanzarían una llamada mundial a unas nuevas “Brigadas Internacionales”, ajenas a ideologías.

La presentación berlinesa se realizará tras diversos actos a celebrar este mes en España. Será en la sede de la Deutsche Umwelthilfe, una asociación ambiental y de protección al consumidor sin fines de lucro, respaldada por donaciones y legados de proyectos públicos y privados. Es miembro de la Oficina Europea del Medio Ambiente, en Bruselas.

“Si por vuestra mirada desfilan las arboledas, fluyen los ríos y, sobre todo, se elevan las más bellas cimas todo eso os confiere identidad. Identificarse con el propio derredor es saberse de algo mucho más grande que nosotros mismos. Acaso el primer paso para no devorarlo del todo”, decía Joaquín Araujo, uno de los firmantes de la carta, hace unos días en su pregón del festival del universal Queso de Cabrales.

Publicado el martes 4 de septiembre de 2018 en LA NUEVA ESPAÑA

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«Influencer», «influfrauder» y sus habilidades

La nueva estafa que afrontan los hoteles a través de Internet y las redes sociales

La fórmula para promocionar un artículo hasta ahora solía ser a través de un contrato entre un promotor y los propietarios del producto. Tan antiguo como la existencia del comercio. La competencia hacía trabajar así a los creadores y una buena promoción lograba el éxito de una mercancía. Lo que no quiere decir que siempre ocurra así. La picaresca parece que no descansa. Los «influencers» son los nuevos promotores de moda, trabajan a través de las redes sociales y parece que consiguen cierto éxito. Son personas o grupos que tienen la «habilidad» de atraer a muchos seguidores, de influir en sus gustos, en sus criterios, en sus deseos y voluntades. Hasta aquí todo normal, las novedades suelen traer el progreso. También los «influfrauders».

La situación cambia cuando alguien intenta aprovecharse del acuerdo entre los contratantes, cuando uno de los componentes del convenio emplea o intenta métodos abusivos. Porque hay profesionales honestos, legales y los hay que utilizan sistemas menos convencionales, quizá marginales y engañosos. Un ejemplo de estos últimos métodos lo están sufriendo los hoteleros de distintas zonas de la costa mediterránea, en días precisamente de gran afluencia de turistas, en la época de mayor ocupación, temporada vacacional. Las nuevas tecnologías aumentan el ámbito de la posible promoción pues las redes sociales no encuentran fronteras. Pero hacen fácil el que muchos de los influencers aumenten las posibilidades del camino del chantaje, unos métodos de extorsión quizá difíciles de superar porque su materialización es difícil de comprobar.

Luis Callejón, presidente de Aehcos, la patronal de los hoteleros de la Costa del Sol, denunciaba en las páginas de medios de Prensa Ibérica la nueva estafa que afrontan los hoteles de la costa mediterránea a través de las maneras de algunos influencers. «Soy Tal y Tal? tengo tantos seguidores, la próxima semana estaré en su ciudad. Me gustaría promocionar a su hotel a cambio de una estancia gratis». Un texto que llega por correo electrónico al establecimiento. El hotelero manifiesta que este «es un deporte que no entiende de nacionalidades» y esta gente «tiene la cara muy dura». Juegan los aprovechados de este método con que publicar una foto en las redes disfrutando en una terraza junto a una apetecible piscina se puede convertir en una avalancha de reservas. Lo que puede tener dos vertientes.

Si el establecimiento accede a la propuesta quizá logre nuevas reservas. Pero si la rechaza, lo que suelen hacer muchos hoteles, el influyente puede dedicarse a la función contraria, una represalia por no regalarle unas vacaciones. Mal servicio, la comida una porquería, escasa limpieza, etc. Los comentarios en la web del establecimiento empiezan a ser destructivos, aunque señalan los hoteleros que es difícil comprobar que esas calificaciones fueran hechas por personas que hayan estado en sus habitaciones. También indican los responsables de hoteles que, aunque no todos los promotores de este sistema son negativos, es muy difícil dilucidar si realmente influyen a muchos seguidores y si cumplen la propuesta de hablar bien del hotel.

Casi solventado el fraude de la gastroenteritis alegado en tiempos recientes por gran número de turistas, prolifera ahora también el de la falsa tarjeta de pago. Se solicita una estancia y la recepción apunta una tarjeta para hacer la reserva. Tras unos días de hospedaje en el establecimiento al pasar la factura el viajero alega que esa no es su tarjeta y se la han suplantado. Si el defraudador se encuentra en el extranjero es casi imposible la recuperación del dinero. Ante este fraude unos hoteles intentas cobrar por adelantado y los rechazos abundan, mientras corre la voz por las redes. O sea, están en manos del «influfrauder».

Publicado el sábado 1 de septiembre de 2018 en LA NUEVA ESPAÑA

https://www.lne.es/noticias-suscriptor/opinion/2018/09/01/influencer-influfrauder-habilidades/2341511.html

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El abandonado Parque de la Boriza

Un recinto para disfrutar de la naturaleza y de un paisaje increíble

Dos mujeres de mediana edad buscaban hace unos días un lugar para sentarse. Paseaban por las inmediaciones de la playa y no encontraban un banco para descansar. Habían dejado a sus familiares tomando el sol o bañándose y caminaban por los alrededores interesándose por un lugar donde reposar sus piernas. Era una mañana soleada, calurosa, sin nubes, digna de un agosto bastante seco que parecía contrarrestar el julio pasado por agua precedente. Estaban a doscientos metros del arenal. Habían llegado a Barru, un pueblo que tiene un parque infantil, un parque merendero en La Boriza y varias terrazas hosteleras. Las mujeres pretendían sentarse sin tener que tomar nada. Difícil lo tenían en un pueblo tan veraniego.

Los viandantes a los que preguntaron las dirigieron al parque infantil donde existen tres bancos, algo deteriorados pero válidos para sentarse desde los que se contemplan los juegos de los niños y la pequeña cancha para practicar deporte entre amigos. El parque merendero de La Boriza es inaccesible ahora para personas de edad en condiciones normales. Hoy es casi imposible su disfrute por su abandono y cantidad de basura.

Tiene mesas, papeleras, estructuras para preparar alguna comida y panel informativo. Y sobre todo unas vistas espectaculares para deleitarse de una hermosa jornada campestre apreciando el Cantábrico al norte y la cordillera del Cuera al sur. Y un día como el que describimos se podrían ver kilómetros y kilómetros de costa, de montaña, de campos, de arboledas, de un paisaje confortante. Un parque maravillosamente situado. Sin embargo, apenas se puede entrar y una vez dentro difícilmente se puede pasear porque está casi invadido por la broza, el matorral y fuerte maleza.

Su acceso por el norte es difícil por su empinado camino de entrada. Es un sendero corto pero muy escalonado que necesita arreglos de amplitud y reforma de planos, que alargan el camino pero lo harían más viable y menos abrupto. Por el oeste, el acceso es más largo pero más fácil y amplio, es un paseo desde el que se contemplan algunas de las mejores vistas del contorno. Se sube por un “camino de carros” que asciende bordeando el Bau, una ensenada en la que, con pleamar, parece flotar una curiosa iglesia blanca y su cementerio, reflejados en numerosas películas por su singularidad. Cerca ya de la pequeña planicie se descubre una playa, la de La Entrada, por la que llegan las embarcaciones con marea alta. Finalmente, atravesando pequeños prados, aparece el parque que permite otear la costa de Ribadesella a Ribadedeva. Debajo, desde el mirador de la Peña los Cuervos, aparece el pedrero de Xiglu y la playa de Barru. El Cuera al sur.

Una pena, una vergüenza, una desidia. El paseo por este parque inmejorablemente situado es impracticable. La maleza lo impide. Olvidado de los servicios municipales, hoy día es hasta peligroso por la plaga de plantas con ramas puntiagudas que lo pueblan. Una pena porque nadie lo puede aprovechar para comer, merendar, descansar, disfrutar del bello paisaje. Una vergüenza por el abandono municipal. Una desidia de los servicios públicos del pueblo con más tirón turístico y una desidia de tantos usuarios que no recogen la basura que generan.

Claro que el abandono institucional de Barru alcanza otros campos: faltan imprescindibles pasos de cebra reiteradamente reclamados -miles de coches circulan por el verano por el pueblo y la zona de playa-, faltan aceras y arcenes para el paso seguro de los peatones, falta un aparcamiento público temporal como los que se acondicionan en otras playas, desaparecen las placas que nombran los barrios y no se reponen, faltan contenedores selectivos de basura, no se reparan los caminos…

Publicado en las páginas de Oriente de LA NUEVA ESPAÑA el jueves 30 de agosto de 2018

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