El pasado domingo 26 de mayo acudimos a los colegios electorales para votar a candidatos al Parlamento Europeo, a las asambleas, juntas o parlamentos de doce comunidades autónomas y a las concejalías de más de ocho mil municipios de España. Cumplíamos con nuestros deberes democráticos, opinando o mostrando nuestra predilección por personas concretas, representantes de políticas organizaciones que defienden nuestras opciones e ideas políticas, económicas y sociales. Fue una jornada tranquila, apacible, normal en un país con una democracia consolidada. Al final del día hubo euforias, decepciones, sorpresas sin estridencias fuera de habitual.

Una de las expectativas de la convocatoria electoral era la confirmación del final del bipartidismo, una distribución de escaños y concejalías con mayor diversidad de opciones. Lo que en principio muestra más estrictamente la diversidad de opiniones sobre la forma de gobernar, sobre los programas y las necesidades que cada cual ve para una Europa más cercana al menester del ciudadano, las leyes de su comunidad, la convivencia con los vecinos. Los tres ámbitos son diferentes en cuanto a amplitud y cercanía. Mientras en Bruselas se gobierna para cientos de millones de habitantes, en las comunidades se gestiona para los residentes en una región. Y en los municipios se administran los intereses de los vecinos y se busca su convivencia.

Según su situación geográfica, la producción y riqueza de la zona, su clima y la cultura de la misma la gobernabilidad puede ser muy diferente de unas comunidades a otras. Las necesidades básicas son distintas para un/a bávaro/a, para una/o toscana/o, un/a orotavense o una/ veigueña/o, por poner ejemplos muy dispares geográfica, climática y económicamente. Y el tamaño municipal es quizá uno de los puntos diferenciales más importantes.

Pues bien, dadas las diferentes situaciones se supone que las gestiones y resoluciones de los elegidos también serán diferentes. Sin embargo la realidad poselectoral no parece ajustarse a esos parámetros. Los movimientos que se detectan, las declaraciones de los políticos y los comentarios y disertaciones de los denominados tertulianos apuntan a unos cambalaches que afectan de forma muy distinta a unos votantes de otros. Si las necesidades de una llanisca difieren de las de una ovetense nos podemos imaginar la distancia que separará el bienestar de una persona de Villanueva de las Manzanas, en León, del de una residente en el madrileño barrio de Chamartín. Aunque el porcentaje alcanzado por los partidos en ambos ayuntamientos es similar las necesidades son muy diferentes. Por ejemplo, mientras en la población leonesa el aire es bastante puro la estación de medición de gases peligrosamente contaminantes del distrito madrileño registra niveles insoportables para la sana respiración de las personas en él residentes.

La negociación para definir el gobierno de un municipio ha de atenerse a resolver los problemas de ese municipio. ¿Cómo se puede poner como premisa para discutir la alcaldía de Valladolid, donde los socialistas han conseguido el mayor número de votos, que el partido de Pedro Sánchez aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña inmediatamente? ¿Por qué la candidata del PSOE a la alcaldía de Zaragoza tiene que «renegar» de los pactos con los separatistas que pueden firmarse en el Consistorio de Barcelona? Si en la Comunidad de Madrid alcanza el Gobierno el Partido Popular al no llegar a un pacto con el partido mayoritario de Más Madrid y apoyarse en otras formaciones minoritarias ¿por qué no se puede conseguir un acuerdo para asfaltar una calle en Mejorada del Campo donde los populares son claramente minoritarios?

La llamada segunda vuelta de las elecciones no ha resultado ser una segunda vuelta sino que en muchos casos puede haber derivado en una venganza. Esos cromos no son los que votamos los españoles.

Publicado el sábado 1 de junio sw 2019 en LA NUEVA ESPAÑA

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