Pretende el Gobierno de Rajoy acabar con las manifestaciones y protestas
Las manifestaciones se celebraban el 30 de abril, porque el Primero de Mayo las leyes franquistas prohibían cualquier mínima concentración. Y salíamos a la calle la víspera para mostrar nuestro rechazo a la represión y nuestra situación atlética, puesto que era una de las jornadas que más corríamos delante de los grises. En los campus y los aledaños de las fábricas los «saltos» eran también frecuentes. Han pasado unos cuarenta años y el Gobierno del Partido Popular parece añorar aquellas jornadas de la dictadura. El borrador de la ley de Seguridad Ciudadana que acaba de aprobar el Consejo de Ministros así lo anuncia.
No importan la moderación habida en la Transición, tomada como modelo en medio mundo, la moderación de una Constitución que permite que los españoles disfrutemos del periodo más largo de tranquilidad política en nuestra historia, la moderación que demostramos mientras nos aplican recortes, ajustes, copagos, degradación de servicios públicos universales y ejemplares en sanidad, educación, dependencia, derechos sociales… Les parece poco, y ante tanta moderación se atreven a moderarnos la libertad. Es decir, a recortarnos, a ajustarnos, a degradarnos los derechos democráticos que tanto nos ha costado conseguir. Las leyes promovidas por los ministros Wert, Ruiz-Gallardón, las dejaciones y recortes al bienestar promovidos por las ministras Mato y Báñez se van a quedar cortas, en mantillas, con la ley que presenta el ministro Fernández.
El titular de Interior no sólo quiere dejar en manos de la Policía y la Guardia Civil, sin intervención de los jueces, la decisión de limitar nuestros derechos y libertades, sino que intenta mutilarnos hasta los sentimientos. La inconstitucional «ley Corcuera», la de la patada en la puerta, parece angelical al lado de lo que pretenden Mariano Rajoy y su ministro del Interior. Hasta la repetida frase de Fraga («La calle es mía») suena ingenua. Los ejemplos son claros. Lo primero para Fernández es desterrar las mareas, la blanca en defensa de la sanidad pública, la verde (educación), la morada (derechos de la mujer), la naranja (servicios sociales), la multicolor (homosexuales), en fin, todo tipo de manifestaciones y protestas, pues las multas previstas alcanzarían los 600.000 euros al mínimo incidente no considerado pacífico por las fuerzas del orden. Los escraches, difundir imágenes de policías de servicio, rodear las sedes parlamentarias o los tribunales nacionales o autonómicos serán considerados faltas muy graves penalizadas con más de medio millón de euros. Las graves, como ir encapuchado o insultar a un policía en una protesta, pueden alcanzar los 30.000 euros.
Además, al no actuar un tribunal y pasar la acción a la vía administrativa, ejecutiva y rápida, el Estado no tiene que exponer la culpabilidad del sancionado, sino éste demostrar su inocencia. Esto es consecuencia de la despenalización como delito y pasar a falta muchas acciones en las que hoy actúa el juez. Por tanto, si se aprueba la ley tal como se presentó, no se niegue usted a identificarse ante un agente, ni interrumpa a un candidato electoral, no «ofenda» a su comunidad ni a España, no escriba cosas que inciten a alterar la seguridad, porque le puede caer un multazo de 30.000 euros. Faltas estas, indefinidas intencionadamente, mezcladas con otras no relacionadas con la seguridad (putas, botellón…) para disimular sus restricciones democráticas. Volveríamos a los tiempos de «El Chafardero Indomable» del repórter Tribulete, a la mordaza informativa.
Publicado en LA NUEVA ESPAÑA el lunes 9 de diciembre de 2013
http://www.lne.es/opinion/2013/12/09/herida-libertad/1512019.html